Las comunidades indígenas wayúu de Ishapá, Rodeíto El Pozo, Santa Rosa de Majayura, Zahino y Atnamana-Monte Verde, ubicadas en los municipios de Maicao y Hatonuevo, en La Guajira, han sido víctimas de la acción criminal de grupos armados ilegales como las Farc-Ep, Eln, Epl y las Auc, que asesinaron, intimidaron y cometieron toda serie de violaciones a los derechos de las familias pertenecientes a esta nación originaria.
Por ello, con la labor de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), y a través de cinco demandas, estas comunidades solicitan la restitución de aproximadamente 1.900 hectáreas de territorio ancestral. La Dirección Territorial Cesar – La Guajira de la URT, liderada por Astrid Navarro Rodríguez, viene acompañando a través de su equipo étnico al pueblo Wayúu, con el fin de lograr justicia y el restablecimiento de sus derechos territoriales.
Entre los casos demandados por la entidad se encuentra el del Resguardo Indígena El Zahino, ubicado en Hatonuevo. Dicho territorio está integrado por las comunidades de Wuitourumana, Sanja Blanca, Zahino, Muriatuy y Guayabito. Este proceso es el de mayor extensión territorial de los cinco casos indígenas demandados ante la justicia transicional en 2024, por cuanto pretende restituir 1.227 hectáreas a favor de 293 familias Wayúu. Estas fueron violentadas en sus derechos territoriales desde hace más de 30 años, por la acción de grupos paramilitares, guerrillas como las Farc-Ep y el Epl, e incluso de la Fuerza Pública. Dos muertes, amenazas constantes y la violencia sistemática, obligaron al abandono forzado y al confinamiento de las víctimas, que hoy esperan la restitución.
Así mismo, la URT Cesar – La Guajira presentó una demanda en favor del Resguardo Indígena de Rodeíto El Pozo, también ubicado en Hatonuevo y considerado uno de los casos emblemáticos de la ruta étnica en la región Caribe. En este resguardo, habitado por las comunidades de Yaguarito, Rodeíto y El Pozo, conviven 776 personas de 147 familias, que principalmente padecieron la violencia paramilitar de las Auc, estructura criminal que ejecutó la masacre de Rodeíto, en la que perdieron la vida 13 personas en enero de 2001. Esta demanda, presentada en junio de 2024 y admitida en octubre del mismo año, pretende la restitución de 117 hectáreas del territorio sagrado wayúu.
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