En el marco del decreto 1085 de 2023, emitido por el presidente Gustavo Petro, en el que se declara Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, lideró un encuentro con quince comunidades Wayúu que por interés propio solicitaron la gestión y la presencia de la URT en la comunidad Walinay, territorio ancestral ubicado en el distrito de Riohacha.
Acompañado por autoridades del Pueblo Wayúu, además de la directora territorial para el Cesar, La Guajira, Astrid Navarro y el director de Asuntos Étnicos, Acxan Duque, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule, socializó en la comunidad Walinay el alcance del Decreto Ley 4633 de 2011, en el que se contempla la ruta de atención colectiva para comunidades étnicas.
«En nombre de nuestros mayores y con respeto a su pueblo, avanzamos en la conversa que permita mecanismos para adelantar procesos de restitución de los derechos territoriales de las comunidades Wayúu que aquí convergen. Cuenten con la voluntad institucional de la URT y con nuestra misión como entidad del Gobierno del Cambio», indicó Yule.
Se destaca que en la jornada de atención en Walinay, profesionales de la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT, recolectaron información de afectaciones territoriales de estas comunidades, con el fin de elaborar los respectivos estudios preliminares (EP), en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011.
Por su parte, la directora territorial de la URT Cesar, La Guajira, Astrid Navarro Rodríguez, indicó que el departamento se encuentra priorizado en la gestión de restitución, tanto en ruta individual como colectiva, tarea que cumplen ‘con paso firme y sin vacilación’ en favor de las víctimas del conflicto armado en esta zona del país.
«La Guajira se ha convertido en uno de los objetivos con mayor prioridad para nuestra territorial, por cuanto representa un departamento con el que se tiene una deuda histórica, la cual nos hemos dispuesto a saldar, en el marco de la justicia transicional», concluyó Navarro Rodríguez.
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