Como resultado de la vigilancia preventiva adelantada por la Procuraduría General de la Nación, el Gobierno nacional modificó, mediante decreto, el trámite y los tiempos establecidos para el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a los educadores estatales.
La acción adelantada por el Ministerio Público surgió debido a la gran cantidad de demandas presentadas contra la Nación por las irregularidades en el pago de estos beneficios legales, reconocidos a los docentes y directivos afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
En comunicación dirigida a la jefe de la cartera de Educación, María Victoria Angulo, el Órgano de Control advirtió sobre la necesidad de optimizar el reconocimiento y pago de las cesantías del magisterio, así como el tiempo fijado para este trámite, con el fin de evitar sanciones moratorias por el pago tardío, situación que viene presentándose en la actualidad y que ha generado serias afectaciones a los recursos del Fomag.
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