Durante la primera audiencia pública ciudadana del 2024 en Bucaramanga, para discutir el proyecto ley con el cual se busca una reforma al sistema de salud, organizada por la Comisión Séptima del Senado, se dieron cita representantes de agremiaciones y entidades de salud presentes en el departamento de Santander para escuchar a los asistentes y formular aportes a la iniciativa.
En desarrollo del ejercicio, el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, dijo que el sistema de salud en Colombia no puede continuar teniendo personas afiliadas a un asegurador, pero desprotegidas y sin acceso a los servicios que requieren.
Según el alto funcionario, “la desprotección de los usuarios se evidencia cuando ante el organismo de inspección, sólo en el año 2023 se radicaron más de 1.3 millones de reclamos, relacionados con barreras en la atención, entrega de medicamentos y asignación de citas”, puntualizó en su intervención.
Y agregó: “En los últimos meses de 2023, la Supersalud recibió 112.000 quejas mensuales, el 30 % de ellas fueron consideradas como riesgo de vida, lo que significa que debemos actuar de manera inmediata porque la vida de ese ser humano está en riesgo. Todas estas personas se encontraban sin posibilidad de poder acceder a los servicios que requerían y esta situación no puede seguir sucediendo”, manifestó el Superintendente.
Asimismo, la entidad ha venido haciendo un trabajo minucioso, un 98 % de eficiencia en la atención y cierre de los casos clasificados como de riesgo vital y en un 93 %, en los demás reclamos que se han radicado entre agosto de 2022 y diciembre de 2023.
“Un sistema que, en el tiempo que lleva vigente, tiene acumulados 25 billones de pesos en deudas que han dejado las EPS con prestadores públicos y privados es un sistema que debe repensarse y replantearse porque la administración de los recursos públicos no ha sido eficiente por quienes han estado al frente de dicha administración”, manifestó Beltrán López.
En el periodo de Gobierno (agosto 2022 a diciembre 2023), la Supersalud ha impuesto $169.000 millones en sanciones a todos los agentes infractores del sistema, la mayoría de los cuales han sido a EPS con multas por $ 80.000 millones.
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