En 20 años adicionales y no en 15 como estaba previsto, se lograría la implementación del Acuerdo Final de Paz, advirtió la Contraloría General de la República en su sexto informe al Congreso sobre los recursos del posconflicto.
Si bien el ritmo de la implementación se aceleró considerablemente en el año 2021, y la tendencia muestra un promedio de $ 7,7 billones anuales a 2022, se requerirán mayores esfuerzos en los próximos años para cumplir con lo contemplado en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo (PMI), es la principal conclusión del informe elaborado por la Contraloría Delegada para el Posconflicto.
Quiere decir esto que siguen latentes los riesgos de desfinanciamiento, señalados en informes anteriores.
En 2021 se realizó un ejercicio de costeo del Acuerdo Final, liderado por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, donde se estimó que tendría un costo de $ 154,9 billones para ser ejecutado en un periodo de 15 años, entre 2017 y 2031. Y el análisis de la Contraloría muestra ahora que pueden faltar otros 5 años.
El informe de la CGR hace seguimiento a los recursos del posconflicto y a las políticas públicas derivadas del Acuerdo de Paz: Reforma Rural Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, Acuerdo sobre Víctimas del Conflicto Armado, e Implementación y Verificación y Refrendación. De igual forma se le hace seguimiento al Enfoque Étnico y al Transversal de Género planteados en el Acuerdo.
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