La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE), inicia la vigencia 2025 con importantes anuncios para fortalecer la reparación a los pueblos étnicos víctimas de abandono forzado y/o despojo de tierras.
La coordinación de comunidades indígenas, a cargo de la economista Saday Rosado, líder del pueblo Arhuaco, cuenta con un equipo de profesionales jurídicos, catastrales, sociales y ambientales, para cumplir los compromisos con los diferentes resguardos víctimas de la violencia.
Entre otras acciones, se realizarán socializaciones del Decreto Ley 4633. “Presentaremos 134 demandas de restitución de derechos étnico-territoriales a favor de nuestras comunidades, en los diferentes juzgados especializados de Restitución de Tierras”, señaló la coordinadora Rosado.
Otra meta de la DAE es cumplir los acuerdos de vigencias anteriores con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), la Mesa Regional Amazónica (MRA), la Mesa Permanente de Concertación (MPC), el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), los pueblos Pastos y Quillasingas, las autoridades Sikuani y Unuma; y la Organización Indígena de Antioquia (OIA).
Así mismo, se fortalecieron los equipos técnicos en todas las áreas de la Dirección, según la nueva líder de Asuntos Étnicos, la abogada María Alejandra Montaño. Se realizan actualmente procesos de capacitación interna para brindar apoyo al cumplimiento de las asignaciones.
Por su parte, el equipo de comunidades negras de la DAE, liderado por el abogado y defensor de derechos humanos Gieseken Alegría, presentó la ruta a seguir en beneficio de los consejos comunitarios víctimas de la guerra. “Trabajaremos por los derechos étnico-territoriales de las comunidades afro, raizales, negras y palenqueras, en coordinación con la Dirección Jurídica de la URT”, explicó.
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