La Procuraduría General de la Nación solicitó informes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la cofinanciación del servicio de alimentación escolar de la vigencia 2024, y a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar -UApA acerca de la operación de este servicio en la actual vigencia.
Con esta actuación preventiva, el Ministerio Público busca garantizar el giro efectivo de los recursos asignados en la anterior vigencia para la cofinanciación del Programa de Alimentación Escolar y el inicio oportuno del Programa de Alimentación Escolar en el 2025.
En comunicación enviada al ministro de Hacienda y Crédito Público, Diego Alejandro Guevara Castañeda, la Procuraduría pidió informar el estado actual de los saldos pendientes de los recursos del Presupuesto General de la Nación por valor de $ 1.977’657.739.000, asignados para la cofinanciación del PAE durante la vigencia 2024; los cuales debieron girarse a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en educación para el cumplimiento de sus obligaciones en la prestación del servicio de alimentación escolar.
El ministro deberá precisar en su respuesta, si de acuerdo con lo indicado por la UApA están pendientes de girar $ 230’712.733.016 a 64 ETC, que equivalen al 12% del presupuesto asignado, o si estos recursos ya fueron autorizados a la UApA en su totalidad. De no ser así, indicar la fecha en la que se tiene proyectado hacer efectiva su asignación y giro.
En su oficio, el Ministerio Público manifestó su preocupación por cuanto se ha identificado que algunas ETC no han recibido del Gobierno Nacional la totalidad de los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados para la vigencia 2024, los cuales deben destinarse a la cofinanciación del PAE.
Finalmente, precisó que esta situación podría afectar el normal desarrollo del programa y, por lo tanto, comprometer la efectividad de su objetivo principal de garantizar el acceso y la permanencia escolar.
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