La Procuraduría General de la Nación requirió al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, que adopte acciones urgentes y efectivas para garantizar la disponibilidad de los medicamentos indicados para el tratamiento de la enfermedad crónica Hepatitis C.
A su vez, el Ministerio Público pidió a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), continuar con los trámites de compra directa del medicamento Epclusa, motivo por el cual también fue objeto de requerimiento por parte del ente de control en días pasados, con el propósito de que indique las medidas correctivas adoptadas.
De acuerdo con la ley, el Ministerio tiene dentro de sus obligaciones la adquisición de los productos farmacéuticos a través del sistema de “compra centralizada”, sin embargo, la demora en los trámites ha puesto en riesgo la salud de los ciudadanos que padecen esta enfermedad crónica de alto costo.
La Procuraduría recibió un informe en el que se refleja escasez de la provisión del medicamento a las EPS en el 2023, lo que ha impedido el inicio de tratamientos oportunos, para los cientos de personas que padecen este flagelo.
La gestión farmacéutica con optimización de costos también es responsabilidad de las decisiones del Ministro, sin embargo, las negociaciones de precios y las estrategias comerciales no excusan el incumplimiento en la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos.
La entidad adelanta actualmente las acciones disciplinarias tendientes a investigar el desabastecimiento en el país de este y otros medicamentos.
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