En atención a las solicitudes elevadas por las comunidades beneficiarias de un proyecto de reforestación del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) en predios de Cesar, Magdalena y Bolívar, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre el pésimo estado de las plantaciones forestales debido al vencimiento de los contratos desde 2017 e incumplimientos de la entidad con los propietarios por más de 15 años.
Desde el año 2004 y bajo la modalidad de capital de riesgo, Finagro firmó contratos de administración de proyectos de reforestación con una duración de 12 años y con el objetivo de reactivar y desarrollar economías locales y regionales y asumió la responsabilidad de brindar el manejo y aprovechamiento técnico de las plantaciones.
No obstante, en visita realizada a los predios Cienegueta, Horizonte, Santa Rosa y Quindío, Villa Chola y San Isidro (Magdalena) y El Diluvio, Arizona y Marchena (Cesar), funcionarios de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios evidenciaron abandono total, altos porcentajes de mortalidad de los árboles (en algunos casos de más de 50 %), pudrición y deterioro.
Ante este panorama, el Ministerio Público hizo un llamado urgente a Finagro para que actualice el estado y las condiciones de los contratos con los propietarios de estos terrenos y ordene el aprovechamiento de los árboles que quedan aún en pie.
“El mal manejo de las plantaciones, el retraso de más de cuatro años en el aprovechamiento final ha llevado a grandes pérdidas a los beneficiarios de estos proyectos, por el bajo volumen y mal estado de la madera y la no posibilidad de disponer de sus tierras, a pesar de que la madera alcanzó su punto de cosecha”, aseguró la Procuraduría en el informe de la visita efectuada la primera semana de junio.
A juicio del ente de control es importante que Finagro tome cartas en este asunto y, en compañía de los gestores, presente una pronta respuesta y solución definitiva a cada uno de los propietarios de los predios.
La Procuraduría compulsará copias de lo encontrado a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República.
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