El órgano de control busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con un aparente desconocimiento de los principios de la contratación estatal por parte del investigado, al expedir las resoluciones 0811 y 2328 de 2019, en las que declaró urgencia manifiesta y celebró contratos de manera directa para la prestación de los servicios de salud a los beneficiarios del FPS.
De acuerdo con el informe preventivo realizado por la Delegada de Salud, Protección Social y Trabajo Decente, con fundamento en el acto administrativo 0811 de 2019 se suscribieron cuatro negocios jurídicos por un valor inicial de $ 44.979.387.374 y un plazo de ejecución de tres meses para la atención de 39.093 usuarios del FPS. Estos contratos fueron prorrogados por 45 días hasta el 16 de septiembre de 2019 y adicionados, hasta alcanzar un precio total de $ 67.364.250.616.
A través de la Resolución 2328 de 2019 el investigado declaró nuevamente urgencia manifiesta para suscribir cuatro contratos de manera directa por valor de $ 129.107.735.198.
El órgano de control también investiga un presunto detrimento al patrimonio público, toda vez que el valor de la Unidad de Pago por Capitación establecido en los contratos, se habría fijado de forma elevada.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia conductas presuntamente irregulares, determinar si pudieron presentarse faltas disciplinarias, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y el posible perjuicio causado a la administración pública.