La Procuraduría General de la Nación lideró la cuarta Mesa Nacional de Seguimiento, donde revisó el cumplimiento de las responsabilidades y compromisos de las entidades encargadas de vigilar las actividades propias y derivadas de la ganadería, así como de la protección de los Parques Nacionales Naturales y los Parques Naturales Regionales, zonas protegidas que se han visto afectadas y deforestadas por esta actividad.
En la jornada, el Ministerio Público alertó las graves consecuencias que podrían generarse como resultado de que el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA interrumpa hasta marzo de 2024, la medida que suspende y cancela los registros de predios pecuarios en zonas protegidas, enorme lapso de tiempo que puede incrementar la problemática medio ambiental.
Así mismo, la Procuraduría referenció que se han identificado 163 predios, con un inventario de 21.767 bovinos aproximadamente, que aún no cuentan con acuerdos de conservación por parte de Parques Nacionales Naturales o de la Corporación Autónoma Regional (CAR) responsable, pese a que se conoce la presencia de campesinos en condición de vulnerabilidad y que realizan actividades de ganadería en estas áreas.
Frente a esta situación, el ente de control enfatizó en la importancia de realizar capacitaciones y jornadas de información con los campesinos, previo a la firma de los acuerdos para la ejecución de proyectos encaminados a sustituir estas actividades, por alternativas productivas que les generen desarrollo económico y social, para que exista claridad y transparencia en los procesos.
El Ministerio Público, a través de la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, también indicó que para los propietarios de ganado que no se encuentran dentro de la condición de vulnerabilidad, no se conoce ninguna estrategia para el control de estos inventarios ganaderos ni de procesos sancionatorios por parte de las autoridades responsables.
Finalmente, el órgano de control reiteró la necesidad de un trámite efectivo de los procesos sancionatorios ambientales asociados a la deforestación en la región Amazónica por esta actividad, así como el abordaje de las investigaciones sin dilaciones y de manera oportuna para que las autoridades correspondientes puedan actuar y sancionar, insistiendo en la importancia de la renovación y cumplimiento de las obligaciones para la conservación de la biodiversidad colombiana y como herramienta de gestión social con los campesinos del país.
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