La Procuraduría General de la Nación evidenció observaciones a la ministra de Salud y Protección Social, Diana Carolina Corcho por el proyecto de decreto “por medio del cual se adoptan medidas para disminuir la evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, asegurar la sostenibilidad del sistema y facilitar el acceso a este seguro”.
Argumentó que existe una posible incertidumbre a la red de prestadores públicos y privados, deficiencias de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para hacer esa auditoría y conductas restrictivas que afecten al paciente al momento de su atención en un accidente de tránsito.
Entretanto, el Ministerio Público explicó que las observaciones expuestas están relacionadas con la sostenibilidad financiera de clínicas y hospitales, y la garantía de la prestación efectiva de los servicios asistenciales a los ciudadanos víctimas de siniestros.
Ante la situación, el ente de control continuó diciendo que el decreto prevé la reducción del valor de la prima de la póliza Soat.
Adicionalmente, la disminución de la cobertura de los servicios a cargo de este seguro, de 800 a 300 SMLMV para un grupo de categorías de vehículos a partir de establecer rangos diferenciales de riesgos, por lo tanto, se solicitó aclarar el proceso de presentación, cobro y pago de las facturas generadas dentro del rango de cobertura que supere este valor.
Reiteró que es importante para la entidad conocer cuáles serán los procesos asumidos por las compañías aseguradoras que expiden el Soat y si a partir de los 800 SMLMV serán tomados por las Entidades Promotoras de Servicios de Salud como un tercer cobro o un fondo independiente. (Vía elheraldo.com).
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