La Procuraduría General de la Nación ha previsto, para las elecciones del 2023, el desarrollo de un plan de vigilancia e intervención en todo el territorio nacional, a través del Sistema Nacional de Vigilancia Electoral, el cual estará coordinado directamente por la Procuradora General de la Nación, y articulado con las diferentes entidades encargadas de ejercer el Ministerio Público, esto es, las personerías municipales y distritales, y la Defensoría del Pueblo.

El ente de control instruyó para que se activen los Comités Regionales, Distrital y Provinciales de Control Electoral, que serán integrados por las procuradurías territoriales y personerías, encargados de realizar la vigilancia preventiva e intervención en todos los municipios del país y a las cuales la ciudadanía y actores del proceso electoral pueden acudir para informar sobre hechos relacionados con la indebida intervención en política, la utilización de recursos públicos o la falta de garantías para ejercer el derecho a la participación.

La Procuraduría les recuerda a las diferentes autoridades que tienen como función la organización, el mantenimiento de la convivencia ciudadana o el control sobre el proceso electoral, la necesidad de expedir los respectivos actos administrativos para regular las actividades propias de sus funciones en las distintas etapas propias del proceso, y las gestiones presupuestales y de planeación, que les permitan disponer de los bienes, servicios y de la logística necesaria, teniendo en cuenta que el calendario electoral inicia un año antes de las votaciones, con la actualización de la residencia electoral, esto es, el 29 de octubre de 2022.

Actividades pre-electorales

Con el fin de garantizar el derecho a la actualización de la residencia electoral de los ciudadanos, la Procuraduría expidió la directriz impartiendo las instrucciones a los Comités Territoriales de Control Electoral relacionadas con la vigilancia y seguimiento que se debe ejercer sobre la inscripción de cédulas de ciudadanía, en especial, para verificar los sitios donde se materialicen las mismas.

Asimismo, se expidió el Instructivo No. 23 de 2022, mediante el cual se activan los Comités Territoriales de Control Electoral del Ministerio Público, con el fin de ejercer –en todo el territorio nacional– las funciones de vigilancia preventiva e intervención sobre el proceso electoral.

Además, permanecerá atenta, durante el periodo de inscripción, para que las autoridades electorales implementen las medidas y realicen, con el debido tiempo, las investigaciones tendientes a evitar y contrarrestar el fenómeno de la trashumancia electoral. En este sentido, el ente de control realizará el seguimiento sobre los porcentajes de inscripción de cédulas para que, en caso de advertirse un aumento inusitado, se activen las respectivas alarmas electorales y se informe a las autoridades competentes.

Finalmente, la Procuraduría hace un llamado para que las administraciones municipales y distritales, o las autoridades encargadas, realicen el respectivo control que les corresponde sobre la publicidad exterior visual que lleve implícita la propaganda de expectativa, realizada fuera del plazo legal, en tanto esta rompe el principio de igualdad, el equilibrio electoral y financiación de las campañas.