La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hizo un llamado a los más de 12 millones de jóvenes habilitados para votar el próximo 5 de diciembre, a participar de manera activa en las elecciones a los Consejos Municipales y Locales de Juventud, y pidió a los alcaldes y gobernadores del país disponer lo necesario para garantizar el desarrollo de esta jornada electoral.
“El momento es ahora, es la oportunidad de participar en la construcción de las políticas públicas de sus territorios. Ustedes los jóvenes tienen la posibilidad de, por primera vez en la historia de Colombia, elegir en cada municipio y localidad del territorio a los representantes a los Consejos Municipales. Los invito a que salgan masivamente a votar para que puedan ejercer sus derechos y en especial el de la participación”, afirmó la jefe del Ministerio Público.
La Procuradora aseguró que las entidades que están vinculadas en el proceso electoral deben cumplir cabalmente con las funciones que la Constitución y la ley otorgó para estos comicios, y pidió tomar las medidas necesarias para que el proceso se adelante con todas las garantizas para que: “al finalizar el día de las elecciones tengamos un balance positivo y celebremos esta fiesta democrática de que los jóvenes se manifestaron en las urnas”.
Asimismo, la jefe del Ministerio Público solicitó al Icbf, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Defensoría del Pueblo activar las acciones de articulación, coordinación y designación de funcionarios para atender las distintas situaciones que involucren a la población adolescente y joven, y que puedan llegar a ver afectada la garantía de sus derechos ante medidas que tomen las autoridades competentes, por ejemplo, frente a presuntos delitos electorales y distintas situaciones que se puedan presentar.
Igualmente, exhortó a las autoridades nacionales y departamentales a socializar y divulgar entre los adolescentes y jóvenes, las especificaciones del protocolo a seguir ante una posible aprehensión en caso de que incurran en alguna conducta que pueda constituirse como delito contra la participación democrática.
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