El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, exhortó a los y las mandatarias territoriales a incluir en los planes de desarrollo, las acciones y los recursos requeridos para garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, familias, las personas mayores y con discapacidad, de cada uno de sus departamentos, distritos y municipios.
Por medio de la Directiva 002 de 2020, Carrillo Flórez llamó a autoridades locales a incluir estrategias de corto, mediano y largo plazo en los planes de desarrollo para la protección de las poblaciones más vulnerables.
El jefe del Ministerio Público recordó que la atención integral en los territorios a las poblaciones más vulnerables es un imperativo constitucional y legal, que solamente podrá concretarse con la realización de unos diagnósticos ajustados a las condiciones reales de vida que tienen, a su inclusión dentro de las estrategias, programas y proyectos locales, con la previsión de los recursos financieros necesarios para su ejecución. Señaló que solamente así, será posible transformar las cifras que a diario dan cuenta de las grandes brechas e inequidades que persisten en el país.
El Procurador instó a los gobernadores y alcaldes para que en el momento de elaborar los planes de desarrollo tengan en cuenta en el componente diagnóstico, la situación de estas poblaciones en los territorios, los mecanismos que garanticen la participación ciudadana y un enfoque diferencial, que permita el reconocimiento de las características particulares de la población (edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad física o mental) para la atención de sus necesidades.
En el componente estratégico pidió incluir acciones, políticas, planes, proyectos y recursos suficientes para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, el cumplimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la prevención y erradicación del trabajo infantil y del maltrato físico, emocional, psicológico contra niños, niñas y adolescentes.
En materia de juventud, la Procuraduría recomendó a los mandatarios tener una plataforma autónoma como escenario de encuentro para la articulación, coordinación e interlocución de las juventudes, y cumplir con la conformación del Consejo Municipal de Juventud. Frente al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) demandó la implementación de acciones de protección integral para garantizar que los adolescentes que infringen la ley penal reciban de las autoridades un trato digno; y recomendó incluir gestiones para la construcción de los Centros Transitorios (CETRA) y los Centros de Atención Especializada (CAE).
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