El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, instó al Gobierno Nacional a adoptar las medidas necesarias para identificar, señalizar y retirar las minas antipersonales ubicadas en al menos 324 municipios del país, incluyendo zonas rurales de Bogotá, que entre 1990 y marzo de 2020 han causado 11.841 víctimas.
A través de la Directiva 13, el jefe del Ministerio Público solicitó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz -OACP- convocar a las instancias competentes para formular los componentes técnicos relacionados con la señalización, elaboración de mapas y operaciones de desminado, así como coordinar con las entidades territoriales la armonización y ejecución del documento Conpes expedido para fortalecer la acción contra las minas en Colombia.
Así mismo, le recomendó definir con las entidades territoriales la incorporación de los componentes de la política pública en los diferentes planes, para fortalecer los procesos de asistencia técnica y jurídica, especialmente a los 170 municipios pertenecientes al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- y de aquellos que han sido afectados por presencia o sospecha de minas antipersonal.
Las cifras
Carrillo Flórez advirtió que las cifras reportadas por la Presidencia de la República señalan que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020, se presentaron 37 accidentes por minas antipersonal que dejaron a 29 víctimas civiles, entre ellas 10 menores de edad, lo que indica que el uso de explosivos continúa siendo recurrente por parte de grupos armados que mantienen escenarios de violencia, confinamiento y alto riesgo de desplazamiento, sobre las poblaciones que residen los departamentos de Putumayo, Norte de Santander, Chocó, Nariño y Antioquia.
Solicitó desarrollar estrategias de acción integral contra las minas, de forma concertada con los pueblos que allí residen, especialmente la intervención sobre los Embera, ubicados en los municipio de Puerto Libertador e Ituango (Antioquia) y en el departamento de Córdoba; Jiw, en San José del Guaviare; Nukak, en los departamentos de Guaviare y Meta, y Awá en el departamento de Nariño, y los consejos comunitarios de Alto Mira y Frontera, Río Chagüí, y la vereda La Alsacia, en el departamento del Cauca, comunidades priorizadas en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
Acompañamiento a autoridades locales
De igual manera, el jefe del organismo de control recomendó a la Oficina del Alto Comisionado acompañar a los alcaldes y gobernadores en el diálogo con las comunidades en los territorios donde se realizan actividades con operadores civiles de desminado humanitario, para que escuchen a las víctimas y comunidades afectadas y garanticen su participación en las actividades de educación y prevención en el riesgo de minas.
Con la directiva se solicitó a las personerías de los municipios en los que hay sospechas de Minas Antipersonal -MAP-, Minas Antipersonal de Tipo Improvisado, y Municiones sin Explosionar -MUSE-, que informen sobre cualquier accidente o incidente del que tengan conocimiento a la OACP y a la Procuraduría Delegada con Funciones de Seguimiento al Acuerdo de Paz.
La delegada quedó facultada por el Procurador General de la Nación para realizar el seguimiento a la política de Acción Integral contra Minas Antipersonal -AICMA- y asesorar a las instancias relacionadas con el tema, simultáneamente a que las procuradurías regionales y provinciales sigan con el seguimiento a las estrategias adoptadas en los departamentos y municipios afectados por la sospecha o presencia de este tipo de explosivos.
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