Profamilia —como organización líder en la defensa y garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos — celebra el primer año de la decisión de la Corte Constitucional que permitió la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación.

Esta representa un paso histórico para la garantía de los derechos de las mujeres y personas gestantes en el país y Latinoamérica, así como un avance trascendental hacia el reconocimiento de su autonomía y ciudadanía plena. Gracias a la Sentencia quienes, ante un embarazo no deseado, decidan abortar no van a ser judicializadas, ni criminalizadas por acceder a lo que hoy es considerado como un servicio de salud y un asunto de justicia social.

De igual forma, la organización reconoce la expedición de la Resolución 051 de 2023, con la que el Ministerio de Salud regula la atención integral para ofrecer servicios de aborto en toda Colombia. Con esta resolución se reconoce que tanto mujeres como personas gestantes (hombres transgénero, transmasculinidades, personas no binarias, entre otras) pueden acceder al servicio sin restricciones y reitera que, el aborto es un servicio esencial y urgente de salud que debe garantizarse y no suspenderse.

Desde su promulgación, Profamilia ha garantizado la implementación de la Sentencia C-055 de 2022 en su red de más de 53 clínicas especializadas en salud sexual y reproductiva a nivel nacional. En ese sentido, la Organización comparte con la opinión pública un análisis de lo que ha evidenciado en el primer año de la Sentencia, así como recomendaciones para avanzar hacia una sociedad que respete y garantice la aplicación de la jurisprudencia vigente en pro de los derechos y la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes en el país.

Lo positivo: mayor acceso y compromiso

Las mujeres, hombres trans y no binarias que deciden interrumpir el embarazo lo hacen tempranamente. Durante este primer año, el 97.2 % de los abortos realizados a través de Profamilia, se hicieron antes de la semana 16 de gestación y de estos, el 86 % antes de la semana 12 y solo un 1,1 % de los procedimientos se realizaron después de las 24 semanas, bajo alguna de las causales de la Sentencia C-355 de 2006.

Después de la Sentencia C-055, el acceso al aborto seguro ha mejorado. La Organización registró un aumento del 65,9 % en los procedimientos. Esta información coincide con la evidencia de otros países (Uruguay, Francia, Portugal, España, Ciudad de México, en México) en los que, luego de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, no hay un aumento en los procedimientos a largo plazo, sino que se trata de un aumento inicial que luego se estabiliza e incluso disminuye.

Profamilia ha fortalecido su servicio Mía, con el que se acompañan y realizan abortos autogestionados hasta la semana 12 de gestación a través de telemedicina. Con este servicio se ha llegado a mujeres que desean interrumpir sus embarazos en municipios de difícil acceso como: Leticia, en el Amazonas, Bahía Solano, en el Chocó, San Vicente del Caguán, en el Caquetá, Dibulla, en La Guajira, entre otros.

Distintas autoridades han cumplido sus obligaciones y reiterado su compromiso con el derecho al aborto. En agosto de 2022, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicó que Colombia se retiraba oficialmente de la Declaración del Consenso de Ginebra -reconocida por su contenido contrario a la autonomía reproductiva y a la diversidad familiar- y reiteró que el país reconoce, respeta y protege los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas y que, de acuerdo con la Constitución Política y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho al aborto legal y seguro es parte integral e indivisible de los derechos y la salud sexual y reproductiva.

La Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud garantiza el servicio para las mujeres migrantes en Colombia y se reconoce este derecho como un servicio esencial y urgente que nunca puede suspenderse. Se eliminan además los copagos y cuotas moderadoras en las EPS y centros médicos. Se reafirma que las menores de 14 años pueden decidir autónomamente sobre un aborto, sin permiso de sus padres y aun cuando su decisión sea contraria a la de ellos. En la resolución se insta a modernizar los protocolos como un avance para el bienestar de las mujeres y personas gestantes.

El Plan Nacional de Desarrollo para el período 2022-2026 incluyó la garantía del derecho a la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) en el marco de la formulación e implementación de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos que debe actualizarse para los próximos 10 años, con esto es posible asegurar recursos que permitan impulsar la materialización de todas las medidas y acciones que aseguren la garantía del derecho al aborto en Colombia.

Persisten las barreras y la violencia

A pesar de la Sentencia C-055 de 2022, Profamilia ha recibido usuarias, con menos de 24 semanas de gestación, que refieren haber encontrado barreras en profesionales de la salud que han limitado el derecho y servicio de aborto.

Por otra parte, las estadísticas de Profamilia sobre la prestación de servicios de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) en su red de clínicas en todo el país revelan un preocupante aumento de la violencia sexual contra menores de 14 años, ya que de 2021 a 2022 se identifica un aumento de 47,3 %. Este dato coincide, lamentablemente, con el reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que indica que hubo un aumento del 23 % para el año 2022 de los delitos sexuales contra menores de edad, con respecto al año anterior.

La legalización del aborto en Colombia ha evidenciado limitaciones en la calidad de los servicios, es fundamental eliminar toda forma de discriminación y violencia, formación y sensibilización del personal de salud, la eliminación del legrado como técnica principal y la clausura definitiva de los sitios donde se practican procedimientos inseguros.

¿Qué retos existen?

Es necesario cumplir integralmente las órdenes de la Sentencia C-055 de 2022. Por eso es fundamental apoyar la aprobación de las iniciativas legislativas y de política pública que buscan la implementación y fortalecimiento de la Educación Integral en Sexualidad en todos las instituciones de educación del país, con el fin de prevenir las violencias basadas en género, promover el ejercicio seguro y responsable de la autonomía sexual y reproductiva, el conocimiento y empoderamiento en derechos, el acceso efectivo y oportuno a métodos anticonceptivos, así como la búsqueda de una sociedad con equidad de género.

Con el manejo del aborto como un asunto de salud pública, el país tiene la posibilidad de acabar con la muerte prevenible de 70 mujeres que cada año pierden la vida por abortos inseguros, así como reducir y evitar 132.000 complicaciones derivadas de este tipo de procedimientos. La legalización del aborto representa la oportunidad de poner en el centro la protección de la salud y la vida de las niñas y mujeres como el principal objetivo de toda la política pública en salud.