En declaración a medios de comunicación, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dijo este lunes en Valledupar, durante la audiencia de reconocimiento por ‘falsos positivos’ de 12 miembros del batallón La Popa, que lo que se espera de estos militares es que acepten la imputación para así «darle pleno valor judicial a ese reconocimiento y de esta manera recuperar la dignidad de las víctimas».
En cuanto a los comparecientes que no reconocieron responsabilidad en este subcaso, Cifuentes reiteró que pasarán a un proceso adversarial que les podría significar hasta 20 años de cárcel de ser vencidos en juicio.
Con respecto a lo que se espera luego de la audiencia en esta región, uno de los territorios más afectados por el conflicto y que marcó a las comunidades wiwa y kankuamo, Cifuentes recalcó que «lo que tiene que venir es más verdad y más restauración».
De otro lado, Jairo Acosta, delegado de la Procuraduría General de la Nación, dijo: «El Ministerio Público quiere visibilizar a las víctimas de este aparato criminal (…) a quienes se les negó el deber constitucional de protección precisamente por (quienes estaban) llamados a garantizarla».
Por otra parte, en su intervención, Pedro Loperena, autoridad delegada del pueblo wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, destacó que este tipo de espacios «no hubiesen sido posibles sin el Acuerdo de Paz y si el pueblo no hubiese superado el miedo de reclamar sus derechos», aseguró.
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