El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, les hizo un llamado a las entidades territoriales y del orden nacional para que, atendiendo a sus funciones y competencias, concentren esfuerzos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y así sea prestado de manera adecuada, especialmente en aquellos lugares donde ha habido permanentes quejas y donde la prestación del servicio ha sido intermitente.
“A partir del trabajo realizado en los territorios por nuestros funcionarios y funcionarias y dándole cumplimiento a la aplicación, con corte a octubre, del ‘Protocolo Defensorial para la Verificación de Derechos de la Niñez y Adolescencia Beneficiaria del PAE’, al escuchar a niñas, niños y adolescentes sobre la percepción que tienen frente a la calidad de la prestación del Programa, del cual ellos son beneficiarios directos, hubo hallazgos que generan bastante preocupación”, expresó el Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo aplicó el Protocolo en 118 instituciones educativas en los departamentos de Amazonas, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Sucre, donde recogió la voz de alrededor de 1400 niños, niñas y adolescentes beneficiarios del PAE; además, realizó entrevistas a padres, madres, cuidadores, directores de las instituciones, operadores y funcionarios de secretarías de Educación y Salud. Todos, actores claves para su implementación.
Debido a las irregularidades encontradas, la entidad activó 19 rutas defensoriales, con las que ha venido haciendo requerimientos y coadyuvancias de acciones judiciales. Asimismo, invitó a los operadores para que le den el cumplimiento completo y oportuno a la operación del PAE, de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Administrativos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, particularmente en lo relacionado con la constitución de los menús y ciclos de menú, para que sean elaborados teniendo en cuenta los usos y costumbres de los diferentes territorios, con el fin de evitar el desperdicio de los alimentos.
Camargo Assis añadió que es propicio adelantar una correcta planeación de la ejecución del Programa para que los procesos precontractuales y contractuales no afecten la operación y continuidad durante todo el calendario escolar, y, con ello, los derechos de niñas, niños y adolescentes beneficiarios sean garantizados.
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