La Contraloría General de la República notificó a la Corte Constitucional el incumplimiento de algunos de los aspectos ambientales que estableció en dos órdenes de su Sentencia SU-698 de 2017, en relación con el proyecto de desvío del cauce del arroyo Bruno, en La Guajira, por parte de la empresa Cerrejón.

Este órgano de control hace parte de la Mesa de Trabajo Interinstitucional que ordenó conformar dicha sentencia y su participación se centra en realizar seguimiento a las órdenes impartidas en la misma.

La Contraloría fue requerida por la Corte Constitucional para que le diera un informe sobre los avances que conoce del cumplimiento de esas órdenes y el estado actual de su gestión en el tema.

El reporte, elaborado por la Contraloría delegada para el Medio Ambiente, relaciona las conclusiones de una evaluación que realizó sobre el cumplimiento de los aspectos ambientales establecidos en la Sentencia SU-698/17, en lo que tiene que ver con la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).

Una de las conclusiones de esta Auditoría de Cumplimiento es que se aprecian deficiencias que impactan el cumplimiento de las órdenes quinta y octava de la Sentencia SU-698 de 2017.

En relación con la Orden Quinta, la Contraloría determinó la ausencia de un plan de trabajo que se constituya en la hoja de ruta para los actores que hacen parte de la Mesa Interinstitucional de Trabajo, responsable del cumplimiento de la Sentencia.

Y en relación con la Orden Octava, la auditoria se enfocó en la evaluación al informe técnico presentado por la Mesa Interinstitucional para sustentar la decisión de mantener el arroyo Bruno en el nuevo cauce, determinando que se presentan las siguientes situaciones:

Debilidades en la rigurosidad del método de valoración económica y debilidades en la aplicación del método elegido frente a la garantía de los derechos al agua, a la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades afectadas.

Debilidades en relación con las fuentes de información, los soportes documentales y los datos considerados en las evaluaciones realizadas.

Debilidades en la evaluación de los posibles impactos.

Y debilidades en la determinación de las conclusiones plasmadas en el informe técnico.

Compromisos de Corpoguajira

Como resultado de esta Auditoria de Cumplimiento de 2020, se constituyeron 14 hallazgos administrativos de los cuales 7 tienen posible connotación disciplinaria, los cuales fueron trasladados a la Procuraduría General de la Nación.

La Contraloría emitió entonces un concepto de incumplimiento material adverso en los aspectos evaluados y señaló que fallas en la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corpoguajira podrían impedir que se mitigue la amenaza de vulneración a los derechos a la salud, al agua y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto de desviación del cauce del Arroyo Bruno.

Asimismo, la Contraloría realizó acompañamiento, en calidad de garante del proceso de sociabilización del estudio a las incertidumbres dispuesto en la orden quinta de la sentencia a la comunidad de La Horqueta.

El 30 de noviembre de 2021 la CGR, junto con representantes de la Defensoría del Pueblo, se reunió con las comunidades de Paradero y Gran Parada, quienes manifestaron que mientras no se efectuara el desvió del arroyo no se sentarían a discutir las incertidumbres de la orden quinta. Argumentaron que no tenían garantías para discutir el estudio, por cuanto no disponían de los expertos para ello.

Durante 2022, la CGR ha asistido a tres reuniones: el 26 de enero, 10 de febrero y 10 de marzo, con las mismas funciones de acompañamiento en calidad de garantes del cumplimiento de la sentencia.

En el marco de ese acompañamiento, se efectúo recorrido por el arroyo Bruno con la comunidad, los miembros de la mesa y los organismos de control, se visitaron varios sitios de interés que incluían puntos de observación antes de la desviación, en el sitio de desvío y después de éste, así como hizo presencia en cada una de los espacios de participación en los cuales se discutieron las incertidumbres de la orden quinta.

La comunidad efectúo observaciones e inconformidades a las conclusiones del estudio y se negó a suscribir el acta de la reunión. Al respecto vale precisar que, si bien la Contraloría General de la República hace parte de la Mesa de Trabajo Interinstitucional en cumplimiento de lo ordenado en el numeral tercero de la sentencia, no toma decisiones en conjunto con las entidades vinculadas a la sentencia, ni aprueba los informes producidos por dicha Mesa.

Se hará nueva auditoría

El Contralor Delegado para el Medio Ambiente, Gabriel Adolfo Jurado, informó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que se programó para el segundo semestre de 2022 una nueva auditoría, esta vez en cuanto al cumplimiento del Plan de Mejoramiento que suscribieron entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), producto de la Auditoría de Cumplimiento efectuada durante la vigencia 2020.

También se verificará el cumplimiento de las demás órdenes de la Sentencia SU-698 de 2017.