En el inicio del calendario escolar, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, exhorta a las entidades territoriales del orden departamental y municipal a brindar de forma debida y continua, durante todo el año, la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), pues son ellas las encargadas de su administración y ejecución.

“Ningún niño, niña y adolescente tiene que verse afectado por posibles inconsistencias en la continuidad, inocuidad y calidad del PAE. Deben recibir los alimentos en perfectas condiciones, con calidad; sus derechos no pueden verse afectados, de ninguna manera”, indicó el Defensor del Pueblo, máxime que la entidad de derechos humanos hizo un hallazgo importante en algunas regiones del país.

“Desde la Defensoría del Pueblo alertamos a las entidades territoriales de Casanare, Cartagena, Sincelejo, Sucre y Vaupés, ya que, con corte al 19 de enero del 2024, presentaban retrasos en el avance de la gestión contractual, situación que, de no resolverse, afectará el inicio de atención del PAE y vulnerará los derechos de aproximadamente 326.000 niñas, niños y adolescentes”, señaló Camargo Assis.

Los hallazgos del año anterior

A partir del trabajo realizado en los territorios durante el 2023 por funcionarias y funcionarios de la Defensoría y atendiendo al cumplimiento de la aplicación del ‘Protocolo Defensorial para la Verificación de Derechos de la Niñez y Adolescencia Beneficiaria del PAE’, fueron evidenciados graves hechos que vulneraron los derechos de la niñez y adolescencia beneficiaria del Programa.

La Defensoría aplicó el Protocolo en 138 instituciones educativas en los departamentos de Amazonas, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Sucre, donde recogió la voz de alrededor de 1900 niñas, niños y adolescentes beneficiarios del PAE. Adicionalmente, hizo entrevistas a padres, madres, cuidadores, directores de los centros educativos, operadores y secretarías de Educación y Salud.

Los beneficiarios recibieron alimentos en mal estado, situación presentada en el 28,3 % (en promedio) de las aplicaciones realizadas; además, las condiciones de infraestructura y el menaje eran insuficientes. Tal y como quedó registrado en los cuatro boletines emitidos por la entidad de derechos humanos en la vigencia pasada, basados en la aplicación del Protocolo Defensorial, una de las mayores barreras identificadas en las entrevistas con directivos de las instituciones educativas fue la falta de inversión de las entidades territoriales certificadas (ETC) en el mantenimiento y construcción de las infraestructuras donde se ejecuta el Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas, lo cual generó que no se pudiera prestar en óptimas condiciones.

En el boletín III quedó evidenciado que en el 10,1 % de las instituciones visitadas, el complemento brindado a los beneficiarios no tuvo en cuenta los grupos de edad. En el boletín IV, que, de cada diez instituciones visitadas en el periodo de tiempo en estudio, dos no cumplían el criterio de incorporación de los usos y costumbres en los complementos, lo que generaba un alto desperdicio de alimentos.

Con la aplicación del Protocolo, se encontró que el 28 % de los centros educativos visitados no contaba con el Comité de Alimentación Escolar (CAE), aspecto que preocupa a la Defensoría, dada su importancia en el funcionamiento del Programa y en el seguimiento continuo a la alimentación que reciben los beneficiarios.

Adicional a ello, se evidenció, a través del monitoreo constante a los informes operacionales de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), que, en el Amazonas, Cauca, Cesar, Córdoba, Guaviare, entre otros departamentos, no se logró la ejecución continua del PAE durante todo el calendario escolar por suspensión y retrasos del mismo Programa.