La Procuraduría General de la Nación les recordó a los mandatarios territoriales del período 2020-2023, que quedan pocos días para suministrar y reportar ante el Ministerio Público y la ciudadanía, las acciones y gestiones realizadas para para la garantía de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en el marco del proceso de rendición pública de cuentas territorial, que, por mandato legal, deben realizar los alcaldes y gobernadores del país.
El ente de control precisó que dispuso de una herramienta de vigilancia para verificar el cumplimiento de cada fase del proceso de rendición pública de cuentas, con plazo de cumplimiento hasta el 21 de julio de 2023 para las primeras fases de Sensibilización y alistamiento y la segunda fase de Generación y análisis de información.
A tres meses de iniciado el proceso y próximo a vencerse el plazo señalado, la Procuraduría advirtió que cerca del 16,14% de administraciones territoriales (183 alcaldías) no han entregado en forma completa la información requerida y que el 4,06 % (34 entidades territoriales) no ha tenido ingreso a la herramienta de vigilancia.
Finalmente, la Procuradora Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, insistió a mandatarios y mandatarias territoriales, el cumplimiento de la Directiva 004 de 2023 del Ministerio Público, que define las obligaciones y orientaciones específicas frente a este proceso, cumpliendo los principios contenidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y garantizando la participación ciudadana.
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