A menos de 10 días de que venza el plazo para adjudicar el contrato del nuevo operador que suministrará los alimentos para la población carcelaria del país, la Procuraduría lanza duras advertencias a la USPEC sobre inconvenientes hallados en el proceso licitatorio.
Durante una reunión adelantada con el director de la Unidad para Servicios Carcelarios y Penitenciarios -USPEC- Ludwing Joel Valero Sáenz, el Ministerio Público alertó a la entidad sobre la obligatoriedad de dar cumplimiento al principio de publicidad y los desajustes en los cronogramas establecidos.
En ese sentido, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, encargada del caso, indagó sobre el plan de acción para garantizar la alimentación de más de 124 mil personas privadas de la libertad a partir del 1 de diciembre de 2023 dado que, la fecha de terminación de los contratos vigentes es el próximo 30 de noviembre.
Asimismo, se cuestionó a la USPEC sobre el plan de contingencia previsto para garantizar la continuidad de este servicio en aquellos lotes que no resulten adjudicados.
Otro de los aspectos de esta licitación que preocupa a la Procuraduría es la contratación de la empresa que realizará la interventoría a este contrato, que supera los 800 mil millones de pesos, pues a escasos 10 días de su adjudicación, no se cuenta con ello.
Para el Ministerio Público este aspecto, para lo cual, de acuerdo con lo señalado por la USPEC, se ha contemplado un presupuesto aproximado de $ 47 mil millones, constituye un factor fundamental dado el alcance y la magnitud de este proceso contractual y la prevalencia de los derechos fundamentales de las PPL.
Por último, y ante algunas dudas y observaciones presentadas por los interesados, la Procuraduría resaltó la necesidad de publicar todos los documentos y soportes de las actuaciones adelantadas en este proceso, como el acta de la audiencia de sorteo sobre el orden en que serán evaluados los grupos del proceso de licitación pública.
Así las cosas, el ente de control reitera que ejercerá estricto control sobre el proceso licitatorio para que cumpla con la rigurosidad de la normatividad de la contratación estatal.
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