Un juez de Panamá llamó el martes a juicio por lavado de dinero a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, como parte de las indagaciones sobre el escándalo de pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que ha alcanzado a varias naciones latinoamericanas.
Martinelli, que gobernó el país entre 2009 y 2014, fue citado junto a sus hijos Luis y Ricardo, quienes en mayo fueron sentenciados a tres años de prisión por un tribunal en Estados Unidos por ayudar a lavar millones de dólares en pagos de sobornos que Odebrecht entregó a un funcionario de alto nivel.
El juez también llamó a Varela, sucesor de Martinelli y quien llevó las riendas de la nación centroamericana hasta 2019. Ambos exgobernantes tienen desde mediados del 2020 una prohibición judicial para salir de Panamá, en tanto se realizaban investigaciones en su contra.
A Varela se le investigaba por supuestamente haber aceptado donaciones de Odebrecht a través de su partido político, mientras que Martinelli era indagado por presunto desvió de fondos públicos en la compra de un medio de comunicación mientras gobernaba, como parte del llamado caso «New Business». En el último año se le vinculó al caso Odebrecht.
Los dos han negado haber cometido algún delito y Martinelli, quien ha manifestado su intención de contender por la presidencia nuevamente en 2024, señaló en su momento que las acusaciones responden a una persecución política.
«Sus rivales buscan impedir su triunfo en las elecciones de mayo de 2024, no con votos, sino con manipulaciones jurídicas», reiteró el martes su portavoz, Luis Eduardo Camacho, en una entrevista telefónica.
Varela por su parte dijo en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter que enfrentaría «este injusto proceso» convencido de su «inocencia» y con «la convicción de que estoy ante una bien definida estrategia política, utilizada en su campaña por el partido del Gobierno».
El juicio, al que están llamados un total de 36 personas -entre los que también figuran seis exministros y empresarios del país, iniciaría hasta agosto del 2023, según lo dispuesto por la jueza Boloísa Marquínez. (Reuters).
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