La determinación judicial está relacionada con un contrato resultado de un proceso de subasta inversa celebrado en el año 2019 entre la alcaldía de Uribia y un consorcio por un valor de 1.123 millones de pesos, donde el objetivo era la prestación de servicios y suministros de materiales de insumos para el fortalecimiento de la identidad cultural indígena Wayúu a través del apoyo artesanal en el resguardo de la alta y media Guajira.
Según consta en la investigación, se pudo establecer que se habrían presentado irregularidades en la factura de venta expedida a nombre del consorcio firmante, que supuestamente soportaba la inversión realizada en la ejecución del contrato, (compra de hilos y agujas) por un valor de 883 millones de pesos.
Labores de policía judicial permitieron evidenciar, que el documento carece de validez y no soporta la inversión de los recursos girados, en razón que resultó falso, así lo ratificó el propietario del establecimiento comercial, quien indicó que jamás había realizado esa venta, mostrando que el formato de factura no corresponde al que utilizan su establecimiento.
De igual forma se pudo determinar que a los presuntos beneficiarios del contrato, las comunidades Wayuu de la alta y media Guajira, fueron suplantados. El detrimento por esta situación es del orden de 883 millones de pesos.
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