La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Vanessa Lisette Ramírez Pugliesse, exsecretaria de Salud de Riohacha (La Guajira) y Eduardo Alberto Ortiz Corzo, representante legal de la Fundación Progreso en Marcha, como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
La determinación se relaciona con presuntas irregularidades cometidas en 2018, durante la firma y ejecución de un convenio de colaboración entre el municipio de Riohacha y la mencionada fundación por un valor de 1.850 millones de pesos.
Según consta en la investigación, el convenio tenía como objetivo la promoción y participación de la comunidad en el desarrollo integral de la salud en la capital guajira.
Entre las posibles irregularidades se destaca que, una vez firmada el acta de inicio del convenio, se pagó un anticipo por 925 millones de pesos. Además, que al poco tiempo fue suspendido el contrato sin que se adelantará ninguna actividad relacionada con el cumplimiento del mismo, y sin que hasta el momento se tenga razón del destino de los recursos.
La captura de los implicados estuvo a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) en varios sectores de Riohacha. Ninguno de los dos implicados aceptó cargos y un juez les dictó medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
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