Como parte del proceso de restauración de los daños causados en el conflicto, y atendiendo el principio de centralidad de las víctimas, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) ordenó una medida cautelar nacional, así como una audiencia pública, para proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada.

Para la Sección, existe una estrecha relación entre la verdad, la memoria y los derechos de las víctimas. Hacer justicia por este crimen implica concederles el derecho a saber las circunstancias en las que se dieron las violaciones, los acontecimientos y motivos que llevaron a la perpetración de los crímenes. Así mismo, la memoria, que interactúa con la verdad de los hechos, repara de manera simbólica al transmitir recuerdos que dan validez a los relatos de las víctimas y dejan sin sustento la negación de los crímenes que experimentaron.

La falta de consolidación de sistemas de información relacionados con el proceso de búsqueda e identificación, la dificultad en el acceso a la información, el subregistro de víctimas de desaparición, así como factores socioculturales relacionados con el temor a denunciar y la desconfianza en las entidades estatales, son algunas de las problemáticas que ha identificado la magistratura, en el trámite de las medidas cautelares adoptadas para proteger puntos de interés forense.

La JEP ha encontrado, además, deficiencias transversales y estructurales que de manera sistemática han entorpecido los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna (PBIE). Hay evidencia de falta de coordinación; la necesidad de un fortalecimiento presupuestal y tecnológico; ausencia de una política pública integral para abordar la desaparición forzada, así como la custodia y preservación de puntos de inhumación; baja participación en tomas de muestras biológicas y precariedad de infraestructura para el tratamiento y abordaje de los cuerpos.

Bajo ese contexto, para proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada, unificar la ruta de acción y definir las estrategias que permitan dar respuesta efectiva, la Sección adoptó una medida cautelar nacional que busca articular los deberes institucionales de los entes nacionales y territoriales con las víctimas y sus familiares. Se trata de unir esfuerzos que permitan desplegar acciones más eficientes que respondan a las demandas de las víctimas.

Como parte de esta decisión, la magistratura ordenó rendir informe a ministerios, organizaciones de víctimas y derechos humanos y a las autoridades del ámbito nacional y territorial. Entre las preguntas que deberán responder, se deberán referir a acciones vinculadas a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, exhumación e identificación de Cuerpos No Identificados (CNI). Tienen hasta el próximo 19 de abril para radicar sus respuestas.

De acuerdo con la Unidad Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), más 100.000 personas fueron desaparecidas en el marco del conflicto. De ahí la importancia de vincular a este trámite a las organizaciones de víctimas con presencia en todo el territorio nacional. Ellas, por su parte, deben detallar cuáles son las prioridades y acciones específicas que deben realizarse para superar los obstáculos que han identificado en el acompañamiento que hacen a las víctimas que buscan a sus seres queridos.

Se trata del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), el Equipo Colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia Psicosocial (EQUITAS), la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (CFBO), la Fundación Nydia Erika Bautista, el Centro de estudios sobre conflicto, violencia y convivencia social (CEDAT), así como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).

Así mismo la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (FUNDECOS), la Fundación Progresar de Cúcuta12, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), la Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos (ASFADDES), el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (OBSURDH), la Ruta del Cimarronaje y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.

A partir de esta información suministrada a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, la magistratura podrá plantear una radiografía inicial sobre lo que se está haciendo en todos los niveles de los entes territoriales para satisfacer los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Y, a partir de los hallazgos, con este trámite se espera generar herramientas que fortalezcan el Sistema Nacional de Búsqueda, así como generar un espacio para el reconocimiento y dignificación de las víctimas de desaparición forzada en el ámbito nacional.

JEP convoca audiencia pública nacional

Como parte de este trámite judicial, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ordena realizar una audiencia pública los días 14 y 16 de mayo de 2024, en las ciudades de Bogotá y Barrancabermeja, respectivamente.

Para brindar garantías de este proceso, la JEP también ha convocado a organizaciones especializadas en derechos humanos como la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, el Equipo Argentino de Antropología Forense, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), este último, por su naturaleza, se convocará a diligencia en la condición de observador. Estas organizaciones podrán decidir su presencia o no en la diligencia.

Finalmente, con el propósito consolidar el universo de víctimas desaparecidas en Colombia, la JEP solicita a la UBPD, al Instituto Nacional de Medicina Legal, al GRUBE, a la Dirección de Políticas Públicas y de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación y a la UARIV, que conformen una mesa técnica que deberá entregar una cifra oficial al término de seis meses.