Por no aportar verdad plena que demostrara que actuó como punto de conexión entre la fuerza pública y los paramilitares, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, el ex jefe paramilitar que fue deportado en septiembre de 2020.

«La decisión fue tomada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas luego de escuchar a Tovar en Audiencia Única de Verdad los pasados 26 y 27 de enero. La sala además determinó que el exjefe paramilitar incumplió varios requerimientos hechos por la JEP», señaló ese organismo.

Asimismo, la JEP aseveró que ‘Jorge 40’ y sus apoderados fueron advertidos de que los incumplimientos de quienes comparecen voluntariamente ante la JEP «son inadmisibles» y, además, reiteró que se le brindaron las garantías necesarias para que expusiera su aporte a la verdad.

Vale mencionar que Jorge 40 estaba obligado a demostrar con un alto estándar probatorio la calidad de sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública, a partir de su comportamiento como punto de contacto entre el aparato oficial y los paramilitares. “Esto último no solo para efectos operacionales, sino, también, para el flujo de información e inteligencia, la entrega de armas y dotación, apoyo logístico, transferencia de recursos económicos, entre otros”, según explicó la JEP en su momento.

En medio de sus declaraciones, Jorge 40 aseguró que se unió a Salvatore Mancuso luego de que su familia se viera víctima del secuestro en el Cesar.

“A pesar de que pagábamos el impuesto a la guerrilla, mi padre y mi prima fueron secuestrados. Le enviamos una carta al presidente Ernesto Samper denunciando la violencia que se vivía en ese momento en el Cesar. Nos encontrábamos en sepelio por los muertos que nos iban matando estas organizaciones”, contó en una de las audiencias.

Asimismo, sostuvo que desistió de acudir a las institucionalidades «porque todos estaban vendidos, todo sucedía frente al batallón la Popa”, agregó.

Seguidamente, Tovar reveló que su primer aporte a las AUC fue de $ 1.500.000 y se reunió con el supuesto comandante de las AUC de Pailitas, Cesar.

“Me reuní tres veces con el señor Luis Ábrego, me decía que era comandante de las Autodefensas de Pailitas, Cesar, y que su jefe era Carlos Castaño, dijo que nos quería ayudar. Tenía que pagar el impuesto a la guerrilla de $ 1.500.000, pero me dice que mejor se la entregue a ellos. Nos encontramos y Luis Ábrego se llevó los dos guerrilleros, la plata de mi aporte y las armas. Acabas de hacer tu primer aporte a la causa, me dice”, indicó.

En la misma diligencia, Tovar Pupo reveló que viajó a Estados Unidos a comprar armas para Salvatore Mancuso y que, posteriormente, fueron ingresadas por el puerto de Cartagena. Además, que en 1997 ayudó a comprar botas pantaneras para los paras en Valledupar.

Sin embargo, cuando los magistrados le consultaron sobre los actores involucrados en las masacres y cómo él ayudó en la logística de estos crímenes, Tovar se negó a hablar.

“No voy a entrar aquí a hablar en materia que pueden ser perjudiciales para el otro escenario jurídica que es el que estoy sujeto”, se defendió.

A su paso, la magistrada que se encontraba en la audiencia, Sandra Jeanette Castro, lo cuestionó. “Si usted está diciéndonos que sobre ese tema no va a hablar, prácticamente podemos terminar la audiencia», planteó. (Vía elheraldo.com).