La Procuraduría General de la Nación advirtió que el creciente desabastecimiento de medicamentos en el país es una crisis anunciada, de la cual son responsables el Ministerio de Salud y Protección Social y el Invima, ya que, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, no han adoptado las medidas necesarias para resolver la problemática.
“De seguir así, estaríamos en un grave problema de salud y riesgo, en cuanto se prevé un incremento en los perfiles de morbimortalidad de la población perjudicada con la escasez de dichos medicamentos, con afectación de los derechos fundamentales a la salud y a la vida, y con perjuicio de la economía de las familias al incrementar el gasto de bolsillo”, asegura la delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda Visbal, en oficio en el que solicita acciones disciplinarias contra las mencionadas entidades.
Según la funcionaria, esta grave situación ha sido advertida desde fines de 2022, por la Procuraduría y por agremiaciones como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina integral (Acemi), la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas, (Asocoldro) y la Asociación de Enfermedades Huérfanas, que propende por la salud de los pacientes que padecen estas patologías, a través de comunicados de prensa, alertas en medios de comunicación y requerimientos oficiales.
Agotadas las acciones preventivas posibles para obtener respuestas a la inminente escasez de más de 1200 medicamentos indispensables para el tratamiento de enfermedades crónicas tales como hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades huérfanas, epilepsia, trastornos mentales, anticoagulantes, VIH y otros como analgésicos, anticonceptivos y antibióticos, se radicó en la sala disciplinaria de instrucción para lo de su competencia.
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