Una Auditoría de la Contraloría General de la República a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), donde se determinaron 3 hallazgos fiscales por $ 2.509 millones de pesos, encontró preocupantes retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas, una pobre cobertura del Programa de Reparación Colectiva, así como una inoportuna reparación de las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado, entre otras situaciones.
Como resultado de la auditoría, la CGR constituyó también 8 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno con otra incidencia que será trasladado a la Corte Constitucional.
Los hallazgos relacionados con los incumplimientos en materia de reparación son de tal magnitud, que bien pueden llevar a preguntarse ¿Y la reparación de las víctimas para cuándo?
De acuerdo con el presupuesto ejecutado, en 2018 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas pagó $ 566.291 millones por concepto de indemnizaciones administrativas.
En la auditoría realizada, se estableció inexistencia de una ruta o procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, que tiene relación con el represamiento de 1.140.145 pagos pendientes por realizar a 31 de diciembre de 2018, que equivalen al 55 %, lo que significa un grave incumplimiento de la orden judicial de la Corte Constitucional prevista en el art. 7 del Auto 206 de 2017, donde se determinó: “Ordenar al Director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, reglamente el procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos, cuyas fases se deben tramitar en periodos determinados en el transcurso de los seis años adicionales a los inicialmente contemplados, en los términos descritos en este pronunciamiento”.
De igual forma, se evidenciaron barreras de acceso para solicitar la indemnización administrativa.
De otro lado, en el Programa de Reparación Colectiva, solo el 1 % (6 sujetos de reparación colectiva) de los 631 incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), ha sido reparado de manera integral y completa de acuerdo con las acciones planeadas y concertadas para la reparación, denotando una pobre cobertura al finalizar el 2018.
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