El Gobierno nacional dispone de 2.500 cupos para que mujeres jefas de hogar, condenadas por delitos relacionados con hurto o estupefacientes, puedan solicitar una pena sustitutiva y reemplazar su condena en prisión por la prestación de servicios comunitarios.
Este beneficio puede ser otorgado por los jueces de ejecución de penas gracias a la Ley 2292 de 2023 de Utilidad Pública, siempre que la condena no supere los ocho años de cárcel y la persona se encuentre en condiciones de marginalidad.
Las plazas disponibles han sido gestionadas a través de alianzas con 27 entidades públicas, entre ellas alcaldías, gobernaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, según un informe del Ministerio de Justicia que monitorea la implementación de la ley.
Actualmente, 117 mujeres en todo el país han accedido a este beneficio y se encuentran en libertad cumpliendo con el servicio comunitario establecido por los jueces.
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