Con el fin de proteger la salud psicosocial de los niños, niñas y adolescentes del país y garantizar su derecho a una educación de calidad, el Gobierno Nacional reitera el llamado a alcaldes, gobernadores, secretarios de Salud y Educación; rectores de colegios oficiales y privados y maestros de todas las regiones del país a seguir trabajando en equipo y de manera articulada para mantener y avanzar en las actividades académicas presenciales en alternancia y con las medidas de bioseguridad para toda la comunidad educativa.
El llamado lo hacen las carteras de Educación y Salud a través de la circular conjunta No. 026 del 31 de marzo de 2021, en la que se ratifica la obligación para todos los servidores públicos y los particulares de realizar la apertura de las escuelas y colegios bajo los protocolos de bioseguridad como una prioridad de salud pública, como ya lo había señalado el numeral 2.3 de la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021.
Para tal fin, la circular establece cuatro recomendaciones para que sean tenidas en cuenta en los contextos regionales, de acuerdo con las condiciones sanitarias de cada territorio:
1. Avanzar y mantener la apertura de Instituciones Educativas y de las clases presenciales, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y las directrices sobre Alternancia Educativa.
2. Continuar de manera cierta, segura y decidida la implementación de los protocolos de bioseguridad al interior de las Instituciones Educativas tal y como se describe en la Resolución 1720 de 2020.
3. Reconocer y prevenir los impactos en la salud que genera el cierre de las Instituciones en los niños niñas y adolescentes.
4. En casos en los que se presenten brotes al interior de las Instituciones la Secretaría de Salud determinarán las acciones pertinentes para suspender temporalmente las actividades por el tiempo mínimo requerido con el propósito de proteger la salud y el bienestar de la comunidad educativa.
Es importante precisar que, de manera previa a señalar el cierre de Instituciones Educativas, los alcaldes y gobernadores deben presentar ante el Ministerio de Salud y Protección Social, los argumentos científicos, epidemiológicos y bioéticos para que sean analizados por el Comité Asesor para la respuesta a la pandemia.
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