Considerando como injusto que los mandatarios locales y departamentales tengan que tomar decisiones en contravía del bienestar de los ciudadanos, la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila solicitó al Gobierno Nacional la reglamentación de la Ley 2044 de 2000 que dicta el saneamiento de predios ocupados por asentamientos ilegales.
La petición la hizo la mandataria al pronunciarse sobre la orden de arresto en contra del alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, por no poder cumplir con el desalojo de más de 30.000 personas de las invasiones Brisas de La Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II, ordenado por la Corte Constitucional en fallo de tutela, solidarizándose con el burgomaestre.
Reiteró el pedido para la reglamentación de la Ley, dado que estos predios se encontraban sin agua potable y sin servicios públicos.
La Federación Colombiana de Municipios también expresó su descontento con la orden de arresto que, desde este viernes, 26 de julio, está cumpliendo el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, debido al desacato del cumplimiento de una acción de desalojo de más de 30.000 personas.
En su visita a Valledupar, el director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro Giraldo, señaló que «somos los primeros en acatar las decisiones judiciales, sin embargo en esta oportunidad tenemos que alzar nuestra voz de protesta contra la injusticia que se está cometiendo con el alcalde Ernesto Orozco; desalojar a 30.000 personas es un acto inhumano y es necesario que el Gobierno Nacional tome acciones para la legalización de estos predios, como lo pidió el alcalde de Valledupar al Presidente de la República en el pasado Congreso Nacional de Municipios».
La Federación se solidarizó con el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán y el pueblo vallenato por la situación que está viviendo el mandatario y le reiteró al Gobierno Nacional el pedido para la reglamentación de la Ley 2044 del 2000.
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