La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional y en un trabajo conjunto con el CTI y la fuerza pública, identificó y entregó al Fondo para la Reparación a las víctimas para su administración 329 bienes que estarían vinculados a las extintas estructuras paramilitares, los cuales ascienden en valor a más de 391 032 millones de pesos.
Esta actividad realizada en 2022 representa la mayor cuantía patrimonial puesta a disposición desde la implementación de la Ley de Justicia y Paz, y supera en 30 000 millones de pesos el avalúo de entregas de 2021.
Adicionalmente, por solicitud de fiscales del Grupo de Persecución de Bienes, las salas de control de garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior impusieron durante el año medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre bienes avaluados en 345 126 millones de pesos, 100 000 millones de pesos más en comparación con el año anterior.
La Dirección de Justicia Transicional Nación realizó solicitudes de imputación por 18.698 eventos delictivos relacionados con homicidios en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, violencia basada en género y reclutamiento ilícito, entre otros.
En 2022, más de 40 000 hechos superaron la etapa de imputación ante los magistrados de control de garantías del Tribunal Superior – salas de Justicia y Paz, 13 000 eventos más que 2021.
La Dirección de Justicia Transicional, a través del Grupo de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE), logró la exhumación de 918 cuerpos, siendo 2022 el año de mayor número de diligencias de este tipo. De igual manera, se realizaron 330 entregas dignas de restos de cuerpos a sus familias y 74 entregas simbólicas.
Respecto a los terceros que financiaron o promocionaron las estructuras paramilitares, el Grupo de Compulsa de Copias emitió 18 resoluciones de acusación y 18 actas de formulación de cargos para sentencia anticipada, en casos relevantes como los desplazamientos forzados de Curvaradó y Jiguamandó (Chocó), homicidios en la Cárcel Modelo de Bogotá, financiación de azucareros de Valle de Cauca, financiación de Perenco y hechos de corrupción de postulados excluidos.
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