En el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad, la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Tareas Especiales para el ‘Caso Odebrecht’, tomó importantes decisiones judiciales para avanzar en el pleno esclarecimiento del entramado de corrupción que promovió la constructora brasileña en la contratación de obras públicas y en otros escenarios de la vida nacional.

En atención al abundante material de prueba obtenido, se presentará solicitud de audiencia de imputación en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar; su hijo, David Zuluaga Martínez; y la exministra de Transporte, Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen. Asimismo, fue archivada una investigación que se seguía en contra de la exministra de Educación, Gina María Parody D’echeona, por atipicidad de las conductas por las que fue denunciada.

Financiación de campaña con dineros del extranjero

En 2014, el entonces candidato a la Presidencia de la República, Óscar Iván Zuluaga Escobar, se habría reunido en varias oportunidades, en su apartamento del norte de Bogotá, con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli. En los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la multinacional brasileña para pagar parte de los servicios que el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, prestaba a la campaña.

En atención a lo acordado, entre junio y julio de 2014, Odebrecht giró 1’610.000 dólares a las cuentas de una empresa que el reconocido publicista tenía en Panamá. De esta manera, el aspirante presidencial, presuntamente, terminó de cubrir los honorarios de ‘Duda’ Mendoça.

Con esta actuación se habría vulnerado el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, el cual prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales.

Las evidencias dan cuenta de que Óscar Iván Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito y presentó una contabilidad con tal omisión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de obtener una reposición de votos por más de 25.000 millones de pesos, como en efecto ocurrió.

Además, la Fiscalía estableció que el candidato y su gerente de campaña, en las declaraciones rendidas ante el CNE, ocultaron información sobre la colaboración económica de Odebrecth. Así indujeron a error a la autoridad electoral que cerró una investigación que adelantada sobre el particular.

Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales imputará a Óscar Iván Zuluaga Escobar los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular; y a David Zuluaga Martínez el delito de fraude procesal.

Posible favorecimiento indebido a Odebrecht y a terminal fluvial sobre el río Magdalena

Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen, en su condición de ministra de Transporte entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, es señalada de avalar la celebración de los otrosíes 3 y 6 al contrato ‘Ruta del Sol II’, los cuales adicionaron al proyecto vial la construcción del tramo Ocaña (Norte de Santander) – Gamarra (Cesar).

Para cumplir varias clausulas contenidas en los otrosíes y garantizar más fuentes de financiación a la concesionaria, de la que hacía parte Odebrecht, la entonces ministra emitió una resolución el 22 de julio de 2014, que permitió a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ instalar dos nuevas estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban en funcionamiento.

Los elementos de prueba indican que las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran, y sin autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), como lo exige la ley. Adicionalmente, está acreditado que el tramo Ocaña – Gamarra no tendría relación alguna con el objeto principal del contrato ‘Ruta del Sol II’ y debía tramitarse a través de un nuevo proceso de contratación por licitación pública.

La Fiscalía determinó que, para intentar subsanar estas irregularidades, la exministra pidió convocar con prioridad al Conpes para declarar importancia estratégica la autopista ‘Ruta del Sol’ y modificar el plan de inversión.

Con su proceder, la exfuncionaria, al parecer, favoreció a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ y benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que planeaba poner en funcionamiento una terminal en Gamarra (Cesar), en el entendido de que le garantizó una vía de acceso principal que sería el trayecto Ocaña – Gamarra, adicionado a la ‘Ruta del Sol II’.

Según la investigación, es evidente el interés particular en el caso que le impedía a la señora Álvarez Correa – Glen participar en la adición del tramo Ocaña – Gamarra, pues antes de asumir el Ministerio de Transporte hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal, en donde tenían intereses económicos familiares de su pareja.

Por todo lo anterior, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará a la exministra Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La diligencia se realizará ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías.

Archivo de investigación

La Fiscalía archivó la investigación que se seguía en contra de la exministra de Educación, Gina María Parody D’echeona, como posible responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Un grupo de ciudadanos denunció a la exfuncionaria con el supuesto de que incurrió en conductas ilícitas al participar en el Conpes que modificó el plan de inversión de la ‘Ruta del Sol y permitió adicionar la construcción del tramo Ocaña – Gamarra. Los denunciantes indicaron que, con esa intervención, la exfuncionaria favoreció el proyecto fluvial sobre el río Magdalena que impulsaban sus familiares y permitió que tuviera una vía principal de acceso.

Al valorar los elementos de prueba, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia no encontró configurado el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en el entendido de que la exministra no participó en el trámite y celebración del otrosí cuestionado. De igual manera descartó el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, pues el cargo que desempeñó no tuvo relación alguna con el objeto contractual.

Se puntualiza que, de la exclusiva participación en el Conpes que destacó la importancia estratégica del proyecto vial ‘Ruta del Sol II’, no se le puede atribuir compromiso penal porque sus funciones públicas no implicaban el conocimiento del proyecto específico ni de los intereses de sus familiares.

Por último, la Fiscalía no ha encontrado evidencia que demuestre que la exministra Parody D’echeona aportó al posible actuar ilícito de su pareja en la comisión de conductas contra la administración pública.