Un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht acusó formalmente a Natalia Isaza Velásquez, como posible responsable del delito de lavado de activos, el cual estaría relacionado con la recepción de dineros que corresponderían al pago de coimas por el direccionamiento irregular de una adición al contrato de concesión 007 de 2010, conocido como ‘Ruta del Sol III’.
El 21 de julio de 2015, el entonces Instituto Nacional de Concesiones (INCO) suscribió con la concesionaria Yuma el otrosí N°5 para ejecutar los estudios y diseños de un segundo puente sobre el Río Magdalena, entre Plato (Magdalena) y Zambrano (Bolívar). La concesionaria subcontrató dicha labor con la empresa Consultores Unidos S.A., que a su vez confió, entre otras actividades, tareas de topografía y geología a la compañía Megaland S.A, representada legalmente por Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, por un valor de 754 millones de pesos.
En el curso de la investigación se conoció que dichos trabajos no se cumplieron, pero se pagaron. Adicionalmente, se estableció que parte de los dineros entregados a Megaland S.A., presuntamente fueron girados a terceras personas por instrucción de José Roberto Prieto Uribe, por su intermediación indebida para que se celebrara el otrosí N°5.
Los elementos de prueba indican que parte de esos recursos, exactamente 59 millones de pesos, fueron consignados a Natalia Isaza Velásquez en dos transacciones realizadas el 7 y 9 de junio de 2016. Esta suma provenía de delitos contra la administración pública y el enriquecimiento ilícito de particulares, y habría sido transformada y custodiada por la hoy procesada.
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