El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, manifestó su preocupación por la alarmante crisis de violencias contra las mujeres y niñas, reportada en Colombia en lo que va de este 2023.
“Este año nuestras Duplas de Género han atendido 378 casos de tentativa de feminicidio, en los que las barreras son unas de las más claras expresiones de violencia institucional. Mujeres que no son debidamente protegidas, ya que las medidas no corresponden a sus riesgos o a sus contextos, y las medidas de atención parecieran cada vez más lejanas, pues a pesar de las reglamentaciones legales, aún los entes territoriales manifiestan no contar con recursos económicos, y en otros casos ni siquiera saben cómo tramitar la atención”, aseguró el Defensor del Pueblo.
En lo corrido del 2023, la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, ha atendido 6339 casos, es decir, un 96 % más en la atención que brindan los equipos jurídicos y psicosociales, pues al hacer la comparación con el mismo periodo del 2022, la entidad acompañó 3231 casos.
Al ritmo que va la atención, la Defensoría estima que al finalizar el año la situación podría llegar a un aumento del 120 % de casos atendidos, dado que durante todo el 2022 se acompañaron alrededor de 4.500 mujeres y población OSIGD víctimas de violencia basada en género y por prejuicio.
“Este crecimiento en la atención refleja la importancia del trabajo en el territorio y la necesidad de que desde todas las entidades trabajemos en mecanismos que permitan avanzar en la erradicación de violencias basadas en género y eliminación de la violencia institucional”, señaló Carlos Camargo Assis.
Añadió que, por la misma razón, la Defensoría del Pueblo trabajó en una nueva herramienta digital: “Hoy ponemos a disposición de nuestros equipos en territorio y de la ciudadanía la ‘App Contigo’, aplicación que permitirá reportar en tiempo real casos de violencias basadas en género, los cuales serán atendidos a través de nuestras Duplas de Género en los territorios, compuestas por una o un profesional jurídico y una o un profesional del área psicosocial”.
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