De acuerdo con cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en Colombia hay 12.170 víctimas de minas antipersonal y municiones sin explosionar, registradas entre 1990 y 2022.
De estos, 4.884 son civiles y 7.286 son integrantes de la Fuerza Pública. El año 2006 fue el más crítico ya que los eventos afectaron a 1.288 víctimas, lo que equivale al 10,58 % del total general.
En lo que respecta al Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para las Víctimas, desde 2012 hasta febrero de 2022 se encuentran incluidas 6.347 personas por accidentes con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados (MAP, MUSE y AEI, respectivamente), de los cuales 5.816 son sujetos de atención, es decir que cumplen con los requisitos de ley para acceder a la reparación integral.
Según el Registro, los departamentos en los que se han concentrado más del 50 % de los eventos son: Antioquia con el 20, 2 %; Meta, con 9,9 %; Nariño, el 9 %; Caquetá, el 7,7 %, y Norte de Santander que reporta un 7, 6 %.
El mismo Registro señala que el 62,6 % de las víctimas tiene alguna discapacidad producto del hecho victimizante, así: 1.713 indica tener discapacidad física; 1.426 múltiple; 346 aún por establecer; 322 auditiva; 123 visual; 24 intelectual y 19 psicosocial. El 37,4 % restante, 2.374 víctimas, manifiesta no tener alguna discapacidad.
Para asistir y atender a las víctimas de minas, la Unidad para las Víctimas, desde el 2012 y hasta el 28 de febrero de 2022 ha colocado 839 giros con una inversión que supera los $ 1.000 millones. En cuanto al reconocimiento de la medida de indemnización, 624 personas han recibido el recurso económico por eventos relacionados con este hecho victimizante con una inversión que supera los $ 12.800 millones. Se destaca que de este valor el 42,9 % fue dispuesto durante el actual periodo presidencial.
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