En San Juan del Cesar (La Guajira), las historias de hombres y mujeres indígenas de las etnias wiwa y wayúu quedaron visibilizadas ante los ojos del país y de, al menos, 80 comparecientes exmilitares quienes, vía Teams, siguieron la segunda audiencia de observaciones del Subcaso Costa Caribe del Caso 03 ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate’.
En un auditorio adornado con chinchorros, mochilas y un árbol de cañaguate que evocaba la belleza de esta región, integrantes de los pueblos wiwa y wayúu alzaron sus voces para preguntar a los comparecientes las razones concretas que llevaron a que sus familiares fueran retenidos, desparecidos y asesinados para engrosar las listas presentadas como ‘bajas en combate’ entre 2004 y 2008.
La audiencia fue el reflejo de las afectaciones e impactos diferenciados y desproporcionados que sufrieron las comunidades étnicas en el marco del conflicto armado. Autoridades tradicionales políticas y espirituales contaron a la magistratura cómo la guerra afectó no solo a las familias sino a todo el pueblo, en sus usos y costumbres, en la forma como se materializa la cosmovisión y en el rol de las mujeres en sus comunidades.
“Llegó el momento de que podamos expresar lo que hemos guardado durante tantos años. Ya es hora de que nos escuchen los culpables, las personas que se ensañaron en contra de nuestras comunidades. Es hora de que escuchen nuestro clamor”, dijo Melbys Esther Daza Martínez, una de las víctimas wiwa durante su intervención.
Uno de los casos que más conmovió a los asistentes y a la magistratura, fue el de Yajaira Nieves Oñate, una mujer wiwa que fue asesinada en estado de embarazo y delante de sus tres hijos. “Estábamos sentados esperando el desayuno y de repente sonaron disparos, sin ningún enfrentamiento. Solo vimos cuando cayó mi mamá al suelo. Todo quedó en silencio”, dijo Alison Alberto, hijo de la víctima.
A su turno, Betsy Cristina, también hija de la víctima y quien recibió un disparo en su pie derecho en el momento de los hechos, dijo: “Quiero que se limpie el nombre de mi mamá y que la sociedad se dé cuenta quiénes eran los verdaderos criminales en ese momento”.
Pero no solo se escucharon las victimizaciones al pueblo wiwa. Los wayúu también tomaron la palabra para recordar a sus familiares y pedir justicia y verdad.
“Durante años me la he pasado en el psicólogo y he vivido con miedo. Me tuvieron que retirar de la escuela dos años consecutivos porque no me concentraba en clases. Quisiera que las personas que mataron a mi papá digan la verdad”, dijo Kearis Solano Ariza, una joven wayúu, hija de Sergio Andrés Solano, que fue retenido y posteriormente asesinado por tropas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 ‘Cr. Juan José Rondón’ (GMRON).
“Agradecemos a los pueblos indígenas por confiar en la JEP y por su voluntad de construir conjuntamente este proceso. Esperamos seguir dialogando con las víctimas quienes finalmente son las que tienen un papel central en los Acuerdos de Paz”, fueron algunas de las palabras del magistrado Óscar Parra quien presidió la diligencia junto al magistrado Camilo Bernal y la magistrada Irina Jurnieles.
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