Reafirmando el compromiso del Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, la Asesora de paz del Departamento, Juana Pacheco Soto, realizó visitas técnicas a los municipios de Aguachica, Astrea, El Copey y Bosconia con el objetivo de Impulsar la creación de los Consejos Municipales de Paz.
En reunión con alcaldes y Secretarios de Gobierno de esas localidades, se socializaron temas como los alcances e importancia de los consejos territoriales de paz, convivencia, reconciliación y no estigmatización, creados por la ley 434 de 1998 y modificados por el actual decreto ley 885 de 2017, espacios participativos que tienen como finalidad la definición y elaboración de estrategias y acuerdos conjuntamente entre todos los sectores y la municipalidad que conlleven a la construcción de paz, convivencia y reconciliación en los territorios rurales y sector urbano; y adicionalmente, se constituyan como espacios asesores y de apoyo a las entidades territoriales correspondientes.
La Asesora de Paz señaló que los alcaldes manifestaron su compromiso para presentar ante el Honorable Concejo municipal de cada entidad territorial el Proyecto de acuerdo de Creación del Consejo de paz en las Sesiones ordinarias del mes de agosto de 2020. “Seguiremos recorriendo el Departamento hasta la lograr la totalidad de la creación y operativización de estos consejos en los 25 municipios, de los cuales ya 15 registran actos de creación, y de esta manera se apoya la construcción de la agenda y de sus Planes de acción acorde a lo establecido punto 2 del Acuerdo de Paz: Participación Política: Apertura democrática para construir la Paz”, dijo Pacheco Soto.
Es de resaltar que la política de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización es una política de Estado, permanente y participativa, tiene como objeto avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización; así como promover un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social, y generar las condiciones para fortalecer el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados constitucionalmente.
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