A través de un comunicado, el Ejército Nacional detuvo a un ciudadano venezolano, pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y según el organismo, este estaría haciendo espionaje a la unidades militares en el territorio nacional.
El comunicado dice lo siguiente:
1. Este miércoles 10 de junio, después de un trabajo de contrainteligencia del Ejército Nacional de más de un año de seguimiento, tropas de la Décima Brigada Blindada, unidad militar orgánica de la Primera División del Ejército Nacional, en un trabajo interinstitucional junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, logran la aprehensión de un ciudadano venezolano que hace parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
2. La aprehensión se realizó en un puesto de control instalado en la Ye de Los Corazones, en la vía que comunica de Valledupar al departamento de La Guajira, luego de establecer que esta persona ingresó al país en calidad de refugiado, con la misión de desarrollar actividades de espionaje a las unidades militares en el territorio nacional, especialmente sobre los departamentos de La Guajira y Cesar.
3. En el momento de su aprehensión esta persona tenía en su poder documentos que le acreditan como militar activo en el grado de sargento segundo, identificado como Gerardo José Rojas Castillo, procedente de la ciudad de Carora, del Estado Lara, Venezuela, información que él mismo posteriormente confirmó.
4. El aprehendido, según datos recopilados, cuenta con los cursos y capacitaciones militares de DIGECIN Dirección General Contrainteligencia Militar, Curso Cazador, Fuerzas Especiales o Caribe, curso de Paracaidista, curso de Mando y conducción y curso de Infiltración.
5. Al parecer, fingía ser el dueño de un puesto de venta de jugos frente a las instalaciones militares y, posteriormente, logró ingresar a una empresa de Transportes de Valledupar como vigilante de seguridad, donde podía observar de forma permanente los movimientos externos del Cantón Militar de la Décima Brigada Blindada.
6. Esta persona quedó a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de iniciar las medidas migratorias y administrativas a que haya lugar por sus actividades, que pusieron en riesgo la seguridad nacional.
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