Un total de 39 niños wayúu han muerto en lo corrido del presente año por causas asociadas a la desnutrición, se denunció ayer en una audiencia técnica que realizó la Corte Constitucional, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de esta población en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira.

El magistrado José Fernando Reyes Cuartas dijo que, según el último boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud de La Guajira, 39 menores de edad del pueblo wayúu han fallecido este año. “Nos acercamos a los 50 del 2018, y apenas vamos en mitad de año», alertó el togado.

Agregó que “esta situación nos impone el deber de aproximarnos con la mayor rapidez posible al número de cero muertes por desnutrición”, al tiempo que puso de presente que falta el acceso al agua en esos municipios.

De forma virtual participaron en la audiencia Javier Rojas Uriana y Custodio Valbuena Guauriyu, representantes de las comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.

 

Rojas aseguró que esta semana han fallecido tres niños por causas asociadas a la desnutrición y que estaban a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). “Con el Icbf los diálogos no avanzan. A pesar de participar en los programas que la entidad ejecuta, los niños siguen muriendo de desnutrición”, dijo el líder étnico.

Mientras que Valbuena señaló que “seguimos confiando en la guardiana de la Constitución y en la acción de tutela, creemos en la superación del estado de cosas inconstitucional, pero las fallas se encuentran cuando se requieren los recursos para superar las dificultades”.

Por su parte, José Luis Acero, viceministro de Agua y Saneamiento Básico, explicó sobre las acciones que ha adelantado el Gobierno nacional en la región para que la población acceda al vital líquido.

Dijo que se han construido pilas públicas, “que son mecanismos que nos permiten el suministro de agua en esas zonas de difícil acceso y se han hecho en coordinación con las autoridades indígenas”.

Agregó que “tenemos retos como la asignación de recursos y seguir promoviendo el rol activo de las comunidades para que sean ellas quienes administren las pilas”.

(Vía El Nuevo Siglo).