La JEP ha dado pasos históricos y decisivos para judicializar los crímenes más atroces ocurridos en el conflicto armado. A la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha imputado a 148 comparecientes de las extintas Farc-EP y la fuerza pública, como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. De ellos, 62 han reconocido su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, las víctimas y el país; 79 más se preparan para hacerlo y 7 más, que no aceptaron la imputación, se preparan para enfrentar un juicio adversarial en el cual se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.
Así lo anunciaron el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Carlos Vidal, y el secretario ejecutivo, Harvey Suárez, durante la rendición de cuentas que se llevó a cabo en Valledupar. Desde la capital de Cesar, la Jurisdicción Especial para la Paz presentó los principales logros alcanzados en cinco años y medio de funcionamiento, especialmente en lo correspondiente a 2023. A través de sus investigaciones y hallazgos, la entidad ha contribuido a construir las memorias del conflicto para ofrecerle verdad y justicia al país, especialmente a las víctimas de más de 50 años de atrocidades.
El evento público transmitido en vivo desde la Universidad Popular del Cesar; contó con la participación de la Secretaría Ejecutiva, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y la magistratura, que le contaron al país cómo avanza la aplicación de justicia restaurativa, cuáles son los principales hallazgos y qué ha pasado con quienes no son hallados como máximos responsables. Además, se habló sobre el avance de los 11 macrocasos, de los enfoques étnico racial, territorial y de género y cómo se ha logrado materializar la participación de las víctimas en el proceso judicial.
Esta rendición de cuentas tuvo lugar en una zona del país que ha sido testigo de los avances de la JEP. Allí se llevó a cabo, en julio de 2022, la Audiencia de Reconocimiento de Verdad de 12 comparecientes imputados por asesinatos y desapariciones forzada en el marco del Caso 03, Subcaso Costa Caribe. Además, allí se viene realizando el trabajo de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, que se prepara para imponer las primeras sanciones a los integrantes de la fuerza pública que aceptaron responsabilidad por hechos perpetrados en la Costa Caribe.
“La jurisdicción decidió hacer su rendición de cuentas esta vez en Valledupar porque tenemos un trabajo muy fuerte en Cesar, La Guajira y Magdalena, donde hay una serie de casos que convocan a la investigación por parte de la magistratura y porque, además, queremos anunciar la apertura de una oficina permanente en este territorio, que va a facilitar la participación de las víctimas y toda la sociedad civil en nuestros procesos”, destacó el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal.
Descentralizar la justicia y llegar a los territorios que sufrieron los impactos más fuertes del conflicto en Colombia ha sido una de las principales apuestas de la JEP. Acercar los procesos de la entidad a las comunidades estimula su participación y pone en el centro de la actuación judicial a quienes sufrieron crímenes como el secuestro, la desaparición forzada, asesinatos y desapariciones, en los que están involucrados todos los actores irregulares del conflicto, incluidos agentes del Estado, funcionarios públicos y terceros civiles.
Según el Departamento de Atención a Víctimas, la JEP ha acreditado casi a ocho mil víctimas individuales y a 300 sujetos colectivos, que integran cerca de 300 mil personas, para participar en el proceso judicial. De ellas, 925 se encuentran en la Costa Caribe y 1.068 se encuentran en proceso de acreditación en los 11 macrocasos abiertos, en esta región. ¿La razón? Además del Caso 03, allí convergen el Caso 01, que investiga secuestros de las Farc-EP, el Caso 09, que investiga los crímenes cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos, y el Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles.
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