Colombia fue blanco de alrededor de 5000 millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre del 2023, lo que la ubicó como la cuarta nación más atacada en la región, de acuerdo con datos de la empresa de ciberseguridad Fortinet. Dado el panorama y en vista de que la época decembrina está a punto de iniciar, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, instó a las autoridades competentes a implementar medidas seguras para evitar que los colombianos sean víctimas de ataques digitales y hurtos a la información personal.

“En un mundo saturado de dispositivos tecnológicos, es imperativa la implementación de acciones efectivas para que sean garantizadas la integridad y confidencialidad de la información de los colombianos”, fue el llamado de Camargo Assis.

El estudio anual de ciberseguridad 2022-2023, de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, da cuenta de que durante el 2022 se registró una denuncia cada ocho minutos por infracciones a la Ley 1273 de 2009 (protección de la información y los datos), siendo el hurto por medios informáticos el delito más común, con cerca de 25.500 casos.

“En el Día Internacional de la Seguridad Informática, es oportuno el mensaje: gestionar de manera eficaz la ciberseguridad es determinante no solamente para proteger sistemas digitales, sino derechos fundamentales, como los derechos a la privacidad, el buen nombre y la honra”, expresó el Defensor del Pueblo.

La seguridad en línea es un desafío que trasciende fronteras organizativas, destacó Camargo Assis: “Por esta razón, abogamos por una sinergia entre Estado, empresas y sociedad. La inversión en educación sobre seguridad informática es esencial para construir una red digital robusta y resistente contra cibercriminales”.

Trabajar en conjunto para promover y construir una cultura de seguridad y confianza en la comunidad digital, así como poner en marcha medidas proactivas para aumentar la seguridad en ambientes digitales, es otro de los llamados de la Defensoría del Pueblo a través de su Delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión.