Más productos de panadería que proteínas en los almuerzos, alimentos altos en azúcares, raciones que no cumplen con las medidas establecidas, tiempos insuficientes para que los estudiantes almuercen y el desperdicio de alimentos, son algunos de los hallazgos que obtuvo la Defensoría del Pueblo luego de revisar la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 4 departamentos del país.
Así lo destacó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al presentar el ‘Protocolo Defensorial para la verificación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar, PAE’, que será implementado en las 42 defensorías regionales durante el 2023 y que permitirá hacerle un seguimiento sistemático al PAE, escuchando especialmente a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios.
“Durante 2022 detectamos falencias sobre la calidad y la continuidad del PAE, por lo cual el seguimiento que haremos durante el 2023 en todo el país resultará muy importante, de manera especial en aquellas zonas donde el PAE se convierte en una de las principales fuentes de alimentación de niñas y niños del país”, explicó el Defensor del Pueblo.
Durante la construcción del Protocolo se realizaron visitas a instituciones educativas de Boyacá, Chocó, Córdoba y La Guajira en las que se aplicaron los instrumentos de recolección de información a estudiantes, directivos, secretarías de educación y operadores del PAE.
En las visitas se observaron productos de panadería que no aportan el componente nutricional establecido en las minutas, las cuales exigen que las raciones deben contener variedad y todos los grupos de alimentos. Al respecto, los niños y niñas expresaron que los alimentos suministrados eran repetitivos y con exceso de dulce y harinas.
Así mismo, fue notorio el alto desperdicio de alimentos por los estudiantes, quienes desechan gran parte de las raciones servidas. En este caso en particular, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las instituciones educativas y a las familias para generar conciencia en los niños, niñas y adolescentes sobre el consumo apropiado de alimentos.
“De manera especial, desde la Defensoría del Pueblo, hacemos un llamado a las entidades territoriales para que realicen un ejercicio de verificación que permita identificar el número de estudiantes que necesitan la atención del Programa y así disminuir el riesgo de pérdidas de alimentos y evitar que su almacenamiento en las sedes educativas se haga por periodos prolongados”, agregó Carlos Camargo.
Según información de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, del Ministerio de Educación, en 2022 Caquetá, Cesar, Neiva, Magdalena, Sincelejo, Riohacha, Buenaventura y Sucre empezaron su operación con un retraso de entre cuatro y seis meses después del inicio del calendario escolar, afectando a cerca de tres millones de estudiantes. Esta información también está siendo revisada por los organismos de control competentes.
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