La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, realizó un acompañamiento al asentamiento Sabana 1, ubicado en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar, para verificar las condiciones de vida y el acceso a derechos fundamentales de las más de 5.600 familias que habitan en este predio.
La visita de inspección fue convocada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito y contó con la participación de representantes de la comunidad, la oficina jurídica de la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Gobierno y la Gobernación del Cesar. En esta jornada, se realizó una evaluación exhaustiva de los linderos del asentamiento, así como de las condiciones de habitabilidad de sus habitantes, en cumplimiento de la Sentencia T-946 de 2011, proferida por la Corte Constitucional.
Cabe recordar que el asentamiento Sabana 1 alberga a miles de familias distribuidas en cuatro sectores: Brisas de La Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II, quienes enfrentan una dramática situación que afecta gravemente sus derechos fundamentales, pues una sentencia de la Corte ordenó su desalojo. Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo propició espacios de diálogo, con el fin de proteger y garantizar el acceso a condiciones dignas de vida para estas comunidades vulnerables.
Durante la inspección, se identificaron las principales problemáticas relacionadas con el acceso a servicios básicos, seguridad alimentaria, educación y salud. Este diagnóstico es clave para promover acciones efectivas que permitan atender las necesidades más apremiantes de estas familias.
La Defensoría del Pueblo reafirma su disposición de continuar trabajando junto con las autoridades municipales, departamentales y los líderes y lideresas comunitarios para asegurar que las medidas adoptadas sean coherentes con los principios de equidad, justicia y dignidad humana.
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