Pese a que Colombia logró un resultado del 64 % sobre 100 % en el cumplimiento de estándares internacionales en materia de educación en derechos humanos, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, propuso consolidar una articulación con las entidades competentes para retomar compromisos que permitan una efectiva implementación del Plan Nacional para la Educación en Derechos Humanos, periodo 2021-2034.

Si bien el puntaje está por encima del que obtuvieron Estados como Dinamarca y Georgia, el diagnóstico sobre la formación de los docentes obtuvo un puntaje del 25 %; resultado que, de acuerdo con la entidad, sugiere que Colombia diseñe una política de formación a docentes con los estándares en materia de educación en derechos humanos.

“Política que será fundamental para prevenir abusos dentro y fuera de las instituciones educativas, pues promoverá la igualdad y fomentará la participación y el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales”, aseguró Camargo Assis en la presentación del informe ‘Implementación de la Herramienta de Monitoreo sobre Educación en Derechos Humanos (ods 4.7) en Colombia’ y del diagnóstico sobre la legislación, políticas públicas y programas en materia de educación en DD. HH. en los niveles de primaria y secundaria en Colombia.

Al hacer un llamado a que en los próximos dos meses las instituciones que conforman el Consejo Nacional del Planedh se reúnan para elaborar un plan de trabajo con acciones, tiempos, presupuesto y responsables, el Defensor insistió en que es necesario reconocer la educación como un proceso permanente y consistente, “puesto que es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad democrática en la que las personas, desde tempranas edades, tengan conocimientos y herramientas para respetar los derechos humanos”.

De igual manera, propuso una conversación orientada a reforzar la capacidad movilizadora que tiene la pedagogía, en la que estén presentes el Ministerio de Educación, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, docentes, padres de familia, estudiantes y universidades.

Este primer informe sobre educación en derechos humanos, realizado por la Defensoría del Pueblo con el apoyo técnico y financiero del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Dinamarca, reconoce los logros e identifica los desafíos que urgen una respuesta institucional coordinada para implementar una política pública de educación en derechos, articulada con las políticas públicas educativas y de desarrollo.

Para la presentación del detallado documento, se realizó el foro ‘Articulación de la Política Educativa y la Política de Derechos Humanos’, el cual contó con la participación del representante regional para América Latina y el Caribe del Instituto Danés de Derechos Humanos, Álvaro Amaya, y de delegados del Ministerio de Educación, de la Consejería para los Derechos Humanos, de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (Ascofade) y de la Universidad Pedagógica Nacional.