Al acoger la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira declaró ilegal el decreto expedido por el gobernador del departamento, Nemesio Raúl Roys Garzón, que modificó la distribución del recaudo de impuestos de dos estampillas para pagar la nómina y los contratos de prestación de servicios de la Universidad de La Guajira.
El Tribunal señaló que en virtud del principio de autonomía presupuestal le corresponde a la universidad programar, aprobar y modificar su propio presupuesto, y por lo tanto cubrir los gastos de funcionamiento de la institución educativa no son competencia de la entidad territorial.
Además, indicó que la disposición no se ajusta a lo establecido por el Gobierno nacional en el Decreto Legislativo No 461 de 2020, emitido durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica por la covid-19, que autorizó a los alcaldes y gobernadores a reorientar la destinación de las rentas solo para atender los gastos en materia de sus competencias, situación que no ocurrió en este caso al destinar los recursos que no hacían parte de sus responsabilidades.
El fallo fue proferido en desarrollo de un control inmediato de legalidad del decreto, en el que la Procuraduría conceptuó que el mandatario departamental modificó irregularmente la destinación de esos recursos, previstos para infraestructura, capacitación e investigación docente y fronteriza, situación que podría tener incidencias disciplinarias, por lo que se dio traslado a las delegadas del órgano de control en el nivel central.
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