Frente al actual estado de crisis por los bajos niveles de embalses, que hoy se acercan a mínimos históricos, la Contraloría General de la República recuerda que en los últimos meses ha alertado sobre la importancia de que la transición energética se haga con enfoque de seguridad energética, la necesidad de activar la institucionalidad en planeación, regulación y vigilancia, la urgencia de que los mecanismos para aumentar la oferta de energía, como las subastas del cargo por confiabilidad, se hagan oportunamente y de que se prevean las necesidades energéticas y de infraestructura para los próximos cinco años.
Le preocupa sobremanera a la Contraloría que se esté pensando solo en el tema coyuntural de El Niño y que no se esté solucionando lo de fondo que es contar con la suficiente oferta de energía y gas natural para garantizar la demanda de los próximos años, pues no hacerlo no solo afectará al sector energético sino al bienestar del país.
El incremento de la demanda de energía eléctrica en Colombia es aproximadamente un 7 % anual, por lo cual es importante la planeación para los próximos 5 a 10 años, ya que se requiere una capacidad instalada en funcionamiento de al menos un proyecto del tamaño similar a Hidroituango en los siguientes 4 años. Esto debido a que la oferta de energía eléctrica actual no supliría la demanda futura y menos su incremento, de allí la importancia de que los proyectos que, de acuerdo con los plazos establecidos debían estar operando desde el 2023, lo hubieran hecho ya, por ejemplo, los de renovables aportaban cerca de 3280 MW y la mayoría de ellos no ha entrado en operación por consultas previas, licencias y otros trámites.
La Contraloría insta al gobierno para que evalúe la posibilidad de diseñar un mecanismo legal transitorio que le dé mayor celeridad a los proyectos nuevos de generación que estén en condición de suministrar energía. Y que, como consecuencia, se agilicen los trámites entre ellos los de conexiones a los proyectos disponibles.
No obstante, el ente de control fiscal celebra que se esté en proceso de nombramiento de los comisionados faltantes en la Creg y así esta comisión de regulación cumpla con sus funciones y competencias.
Lo anterior incluye la posibilidad de revisar, ajustar y expedir una nueva fórmula tarifaria “dentro el año siguiente de la fecha de terminación de la vigencia de cualquiera de los componentes de la fórmula vigente”; que es la vía expedita para actualizar las tarifas.
“Hoy más que nunca y frente al poco margen de maniobra para atender la demanda de electricidad se debe evitar que se ponga en riesgo el abastecimiento de este servicio”, enfatizó el vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga.
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