El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunció aquí un especial seguimiento de este organismo de control a los problemas que se han derivado del cierre de las minas Calenturitas y La Jagua, en el departamento del Cesar.
La Jagua y Calenturitas son de vital importancia en la minería del Cesar y del país.
Estos dos proyectos tienen un fuerte impacto económico y social en los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril, que hacen parte del denominado corredor minero del Cesar, que incluye además a los municipios de Agustín Codazzi y Chiriguaná.
Durante su operación estos dos proyectos daban empleo a más de 7.400 familias (1.200 empleos directos y 6.200 contratistas) y producían anualmente alrededor de $ 500.000 millones en regalías, impuestos y en compras y contratos.
Para la Contraloría es clara la necesidad de tener identificadas las obligaciones y compromisos (ambientales, económicos y sociales), que están pendientes y a cargo de la Agencia Nacional de Minería y de la empresa Prodeco. Esto en la medida en que su incumplimiento, representaría un gran impacto fiscal para el país, por cuando el estado debería asumir la mitigación de estos riesgos.
Según un informe del acompañamiento realizado por las Contralorías delegadas del Sector Minas y Energía y de Medio Ambiente, la pérdida de las compensaciones sociales directas se ven reflejadas con el no recaudo del orden de 350.000 dólares anuales, tras la renuncia al contrato de concesión; así como el incumplimiento a los compromisos de reasentamiento de las comunidades de Boquerón, Plan Bonito y El Hatillo.
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